Frustración existe en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán a raíz de resoluciones judiciales en causas de derechos humanos, las que -se critica- favorecen a los procesados y condenados por secuestros y homicidios durante la dictadura.
La autorización al ex miembro de Carabineros Patricio Jeldres para viajar a Europa mientras espera el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre una condena por secuestro y homicidio de campesinos de Ñuble, es sólo uno de los casos cuestionados por los familiares de detenidos desaparecidos de Chillán.
Rosario Peña, presidenta de la agrupación, indicó que igualmente graves son los fallos que dicta la Corte de Apelaciones chillaneja, con condenas que son reducidas, para finalmente otorgarse medidas que permiten su cumplimiento en libertad.
Todo eso, dijo la dirigenta y esposa del desaparecido Leopoldo López, produce no sólo frustración.
El escenario es atribuido por los familiares de víctimas del régimen militar a las relaciones de cercanía que supuestamente existe entre miembros del Poder Judicial, abogados y victimarios.
Muchas de las críticas apuntan a los ministros especiales para las causas por violación de derechos humanos, Guillermo Arcos y Claudio Arias, quienes rechaza constantemente solicitudes de procesamientos, que luego son ratificadas por el tribunal de alzada de Chillán. Así, los querellantes deben llegar a la Corte Suprema, que ha revocado resoluciones a favor de ex uniformados.
