La oficina en Colombia de las Naciones Unidas denunció el miércoles un posible “uso excesivo de la fuerza”, en contra de una protesta campesina que se desarrolla hace un mes en la región del Catatumbo, en la cual han muerto cuatro personas.
“La Oficina pudo constatar (…) que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos”, según un comunicado.
El texto detalla que una misión de esta Oficina de la ONU, que se desplazó hasta Catatumbo, observó a su vez “agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública”, campesinos y agentes públicos heridos, “daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías”.
Según este organismo, todo lo anterior “generó una grave situación de crisis humanitaria” en la región.
La semana pasada, la Fiscalía colombiana informó que investigaba la muerte de cuatro campesinos y otros hechos de violencia ocurridos durante las manifestaciones.
En respuesta a la ONU, el ministerio de Defensa colombiano dijo en un comunicado que hasta que la Fiscalía establezca cómo murieron los campesinos, “es irresponsable y temerario hacer cualquier tipo de afirmación que pretenda validar alguna de las causas posibles”.
Las protestas comenzaron hace un mes en reclamo por la erradicación de cultivos de coca y buscan ahora atender otros reclamos sociales, así como la creación de una zona de reserva campesina o la suspensión de proyectos de explotación minera.
El gobierno y los líderes campesinos mantienen conversaciones para acordar reivindicaciones para la región que lleven a un levantamiento de la protesta, pero el proceso de diálogo ha sido lento y lleno de tropiezos.
En el comunicado emitido este miércoles, la oficina de la ONU en Colombia saludó la “reanudación de los diálogos” entre gobierno y campesinos, a la vez que confió en que éstos puedan llevar a “implementar medidas concretas de inversión social que promuevan transformaciones sociales” en la zona.
“La población allí asentada reclama al Estado, desde hace varias décadas, el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a vías y acceso al trabajo digno”, destacó el texto.
