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Corte ordena careos y declaraciones por muerte de intendente del Bío Bío en 1973

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Varias diligencias decretó la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa que investiga la muerte del intendente Fernando Álvarez en noviembre de 1973.

El pronunciamiento fue dictado en el marco de una apelación del Programa de Derechos Humanos y del abogado Adolfo Montiel, por la familia de la ex autoridad de la Unidad Popular. Los querellantes buscan procesamientos por homicidio contra ex miembros de Carabineros y del Ejército.

Hasta ahora, los únicos dos encausados en el sumario son el ex militar José Puga y el capitán en retiro de Carabineros Sergio Arévalo, a los cuales se les imputa el delito de torturas.

Contra esos procesamientos apelaron los querellantes, solicitando modificarlos y dictar otros. Si bien la Segunda Sala de la Corte rechazó los recursos, se ordenó al ministro para causas por violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana, efectuar una serie de careos y tomar declaraciones, entre otros, a un perito que sostiene que el deceso del intendente Álvarez fue consecuencia de las torturas ya acreditadas en la investigación.

Esta última diligencia podría ser clave para el objetivo de los querellantes: que Puga y Arévalo, así como los ex jefes policiales Roberto Ricotti y Fernando Pinares, sean procesados por homicidio o el delito de torturas con resultado de muerte.

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