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Condenan a Argentina por cadenas perpetuas a menores de edad

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este viernes la sentencia que condena a Argentina por la imposición de cadena perpetua a cinco menores de edad, que violó derechos de los jóvenes.

“La CorteIDH estableció la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales de César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán, Ricardo Videla y Claudio David Núñez, por la imposición de penas de privación perpetua de la libertad (…) cuando aún eran menores de edad”, indicó un comunicado de la entidad.

Los casos son independientes entre si, pero lo que tienen en común es que al momento de las sentencias los jóvenes tenían menos de 18 años.

El tribunal alegó que dichas penas incumplen el fin de lograr la reinserción social de los menores y, al contrario, “implican la máxima exclusión del niño de la sociedad”.

La sentencia además refirió a la falta de adecuada atención médica a Matías Mendoza durante el cumplimiento de su condena y la tortura sufrida por él y Claudio David Núñez.

Sin embargo, la Corte no emitió criterio sobre la muerte de Ricardo Videla mientras se encontraba bajo custodia, debido a que el Estado había reconocido su responsabilidad por ese hecho. El joven se suicidó en su celda.

El fallo además estableció montos de reparaciones por daños materiales e inmateriales por un total cercano a los 100.000 dólares.

La Corte fue enfática en señalar la “desproporcionalidad” de los castigos impuestos a los jóvenes al calificar que eso “constituyó un trato cruel e inhumano” y además violó el derecho a la integridad personal de sus familiares.

El fallo declaró que “Argentina incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, ya que el ordenamiento argentino permite la posibilidad de imponer a niños, sanciones penales previstas para adultos”.

También señaló las limitaciones existentes para el recurso de casación, “las cuales derivan de las normas de los códigos procesales penales aplicados en el caso”.

Para solventar eso, ordenó al Estado argentino “ajustar su marco legal a los estándares internacionales (…) en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil”.

Otras medidas de reparación piden el tratamiento médico y psicológico necesario para las víctimas y asegurarles opciones educativas o de capacitación formales.

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