Un grupo de familiares de presos pidieron a Contraloría indagar el uso de los recursos que recibe por cada interno la concesionaria Compass Group, en la Cárcel Llancahue de Valdivia. Dicen que el financiamiento no se refleja en la entrega de servicios de salud, reinserción o alimentación.
Para la Agrupación “Vientos de Libertad”, la molestia de los internos parte porque algunos de ellos están en Valdivia hace más de un año y otros más de seis meses, pidiendo ser trasladados a sus lugares de origen, argumentando el arraigo y cercanía con sus familias como un factor clave para la reinserción.
La vocera del organismo que representa a los internos, Gloria Moneny, indicó que la situación se complica por el trato en los servicios para los reos.
Es por ello -indicó la dirigenta- que solicitaron a la Contraloría Regional de Los Ríos, vía formulario y acompañado de una carta, que indague el uso de los recursos que recibe la empresa concesionaria Compass Group, ya que según dijo, no se reflejarían en el servicio en salud o reinserción para la población penal, o en la alimentación que -incluso- consumen los gendarmes.
Asimismo, la representante emplazó a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, a escuchar la demanda de traslado e interceda en la fiscalización del servicio que entrega la empresa concesionaria, situaciones que han motivado que unos 60 internos permanezcan en huelga de hambre.
Para la vocera, mayor reinserción no hay en la cárcel Llancahue, ya que el servicio concesionado dispone de solo un módulo terapéutico para más de mil internos; las actividades deportivas se realizan en ciertas épocas y no durante todo el año; existe un taller de carpintería con un cupo limitado para 15 internos; y las actividades culturales e identitarias se ven trastocadas debido a la llegada de muchos reos de otras zonas, predominando -según dijo- “la ley del más fuerte”.
