Durante la mañana de este martes en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se resolverá el “Caso Tsunami”, esto por los errores en la alerta de maremoto donde hay siete ex autoridades imputadas por cuasi delito de homicidio, entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández.
En la audiencia, Carlos Pérez, uno de los abogados que representa al ex jefe de turno de la Onemi, Johaziel Jamett, presentó un documento oficial que comprueba que el Plan Nacional de Emergencia no existe en el país.
Este documento está firmado por el actual director nacional de la Onemi, Ricardo Toro Tassara, y fue obtenido a través de la Ley de Transparencia.
La fiscal Solange Huerta ha basado sus argumentos en este reglamento para imputar a los siete formalizados, porque ahí se establecen las obligaciones del Ministerio del Interior y de cada departamento de la ONEMI en momentos de catástrofe.
“En relación al documento materia de su solicitud, puedo informar a usted que el Plan Nacional de Emergencia no existe, toda vez que el documento de trabajo existe en poder de ONEMI, con esa denominación, no ha sido aprobado por el acto administrativo correspondiente, en este caso por Decreto Supremo del Ministerio del Interior, y por lo mismo, tampoco ha sido objeto del trámite de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República, ni ha sido publicado en el diario oficial” dice el documento firmado por Toro.
Para el abogado Carlos Pérez se cae de esta manera el principal argumento del Ministerio Público.
Ya que la fiscal Huerta no quiso hablar en esta jornada, salieron en defensa de la tesis del Ministerio Público los abogados que representan a los familiares de las víctimas del maremoto.
Uno de ellos, Raúl Meza, explicó que existen otros antecedentes que sustentan las imputaciones de la fiscalía por “infracción al reglamento e imprudencia temeraria”.
Sin embargo, el abogado Samuel Donoso, defensor del ex subsecretario Rosende, calificó de importante el documento de la ONEMI.
La audiencia comenzó con retraso de una hora, ya que tanto abogados querellantes, como defensores de los imputados recusaron a los abogados integrantes y al presidente de la Tercera Sala, Juan Muñoz Pardo.
De esta manera, la sala quedó integrada por el ministro Miguel Vásquez, como presidente, el ministro subrogante Enrique Durán y la abogada integrante, Andrea Muñoz.
En los alegatos, la defensa de Rosende reiteró la responsabilidad de los entes técnicos de la ONEMI que le entregaron información a su cliente esa madrugada. Mientras que el defensor de Carmen Fernández, el abogado Luciano Folliaux, acusó al SHOA de las malas decisiones de ese día.
La audiencia continúa mañana con la intervención de la fiscal Huerta y de los abogados que representan a los familiares de las víctimas.
Erik López (RBB)
