Un seria crítica al Gobierno realizó el werkén y asesor de comunidades indígenas, Francisco Vera Millaquen, ante la urgencia puesta al proyecto de ley que modifica el sistema por el cual se entregan las concesiones eléctricas, que actualmente avanza a paso firme en el Senado.
La iniciativa ha sido criticada por numerosas organizaciones ambientales, sociales e indígenas, siendo definida como un proyecto que está acomodado para que las empresas transnacionales de energía no vean entrampados sus intenciones por la oposición de comunidades por los efectos que pueden causar a nivel territorial e incluso espiritual, tal como sucedió con Hidroaysen o como pasa en la zona de Pilmaiquén o San Juan de la Costa.
De acuerdo a la Fundación Terram, el proyecto tiene una serie de falencias que deben ser corregidas, entre las que se cuentan la entrega a perpetuidad de las concesiones hidroeléctricas; la inclusión de áreas silvestres protegidas, incluso sin etapa de evaluación ambiental, la disminución de la participación ciudadana, limitando los potenciales reclamantes a sólo los dueños de los predios y no a comunidades organizadas.
Por todo es que según Francisco Vera Millaquen se trata de una nueva forma utilizada por el gobierno para hacer más fácil las acciones de los grandes empresarios del país, por sobre los intereses de la ciudadanía, en especial de los pueblos indígenas.
Según el werkén todo tendría su origen en la vinculación que tiene el actual asesor especial para Asuntos Indígenas, Matías Abogabir, que es accionista de Endesa.
El actual sistema de procedimientos por el que se entregan las concesiones eléctricas, de acuerdo a estudios del Ministerio de Energía, establece plazos que superan por creces lo señalado por la Ley de Servicios Eléctricos, que es de 120 días, de ahí a la idea de aprobar este proyecto que actualmente posee urgencia en el congreso, pero que presenta sería falencias según sus opositores.
