Los mapuche recluidos en la cárcel El Manzano de Concepción fueron informados de que no podrán celebrar el We Tripantu o Año Nuevo Mapuche. La medida fue calificada como una abierta transgresión a los derechos espirituales de los comuneros. El Juzgado de Garantía de Cañete, por su parte, exigió dar estricto cumplimiento a la realización de la ceremonia.

En un hecho inédito los comuneros recluidos en el módulo 10 de la Cárcel El Manzano de Concepción fueron informados de que se les niega la celebración del We Tripantu o Año Nuevo Mapuche como es conocido.

Los 4 comuneros presos en el penal penquista, entre ellos Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, habían solicitado por intermedio de Gendarmería al Tribunal de Garantía de Cañete la posibilidad, como cada año, de realizar esta ceremonia, la más importante en la cosmovisión mapuche.

El permiso también incluía a sus familiares, que ya están viajando, el ingreso de instrumentos y la preparación de comidas.

Desde el Tribunal se les dio el visto bueno hace días, pero de forma inesperada, se les anunció este viernes, verbalmente, que desde el Gobierno hubo una contraorden para retirar la autorización.

Así lo sentenció la abogada Victoria Fariña, agregando que esto contraviene el resguardo de los derechos estipulados en el convenio 169 de la OIT; tanto a los mapuches privados de libertad como a sus familias.

Consultado el director regional de la Conadi, Julio Anativia, señaló no contar con información, pero que de ser así buscarán las alternativas para que la ceremonia se realice.

Por su parte, el mapuche Iván Ancatén repudió la medida.

Representantes legales y asesores de los mapuche se comunicaron con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que el We Tripantu se lleve a cabo de todas formas, momento en que se enteraron que se trata de una medida que afectaría también a otros penales del país.

En las últimas horas el Juzgado de Garantía emitió una resolución que exige “dar estricto cumplimiento” a la realización del We Tripantu, con los resguardos necesarios y reglamentarios, y con 80 personas autorizadas… en caso contrario se podría acusar a la Dirección de Gendarmería de desacato.