A la Contraloría llegó el caso de la clausurada escuela de conductores que denuncia persecución de parte de la Municipalidad de Hualpén, al dilatar una respuesta a la solicitud de permiso para funcionar. En el escrito, además, se asegura la existencia de tráfico de influencias en la Dirección de Tránsito del municipio.
La empresaria Virginia Plaza llegó a la Contraloría Regional para pedir que se investigue administrativamente la actuación de la Municipalidad de Hualpén frente al trámite de su solicitud para reanudar el funcionamiento de sus escuela de conductores.
Asegura, como ya lo hizo ante los tribunales a través de un recurso de protección, que hubo una demora de seis meses del municipio para responder la petición del permiso, exigiéndole el cumplimiento de requisitos que dice Plaza no contempla la ley.
Pero otro antecedente grave que incluye Virginia Plaza en la denuncia a la Contraloría es que cuando su escuela funcionaba con el nombre Acuario -ahora busca reabrirla como Ruta 0-, la entrega de las licencias de conducir a sus clientes dependía del pago de dineros.
El abogado de la empresaria, Gastón Caamaño, explicó el objetivo de la presentación.
La acción civil interpuesta en la Corte de Concepción, en tanto, fue acogida a trámite, otorgándose a la alcaldesa Fabiola Lagos un plazo de ocho días para responder a la denuncia.
