Diversos sectores de Guatemala manifestaron este viernes preocupación por la matanza de ocho agentes en el interior de una sede policial en el oeste de Guatemala, perpetrada la noche del jueves por presuntos narcotraficantes, la cual consideran una muestra preocupante del poder del crimen organizado.

El presidente Otto Pérez no descartó declarar el estado de excepción en el municipio de Salcajá, donde se registró el ataque, unos 200 km al oeste de la capital.

La noche del jueves, un comando armado asesinó a balazos a ocho agentes y secuestró al jefe de Policía del municipio, en una acción que Pérez atribuyó a narcotraficantes que operan en esa región, posiblemente vinculados al cartel mexicano Los Zetas o al de Sinaloa.

El mandatario afirmó que ese municipio es utilizado por narcos para realizar transacciones debido a la “tranquilidad” de que disfrutan y porque es aledaño a dos departamentos fronterizos con México.

De acuerdo con Pérez, en el operativo participaron entre diez y trece personas que se trasladaban en tres vehículos.

El gobernante decretó tres días de duelo a nivel nacional y viajó al lugar para participar en las honras fúnebres.

Coincidentemente, este viernes Pérez juramentó a 1.524 militares que se unirán a la Policía para reforzar la lucha contra la criminalidad en 28 municipios de tres departamentos donde se concentran los mayores índices de violencia.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Gerson Oliva, indicó que las investigaciones han determinado que los agentes estaban desarmados y que podrían haber sido colocados boca abajo y acribillados en el suelo.

“Es lamentable este hecho y creo que esto es una afrenta directa hacia el Estado y su institucionalidad”, opinó el analista de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), Adolfo Alarcón.

La matanza es “un claro mensaje de estos grupos porque de alguna manera le dicen al Estado y a la sociedad que no les tienen miedo, que cuentan con los recursos necesarios para causar el caos y sumir a la población en un estado de terror e indefensión”, aseveró el experto.

El presidente de la Cámara de Industria, Andrés Castillo, expresó su preocupación porque los hechos conllevan un mensaje peligroso: “Nos están diciendo que si no estamos alineados nos atengamos a las consecuencias”.

Jorge Santos, directivo del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), manifestó que es “sumamente preocupante porque se está sometiendo a la población a niveles de terror sin precedentes en el país”.

“Ojalá este terror no implique mayores niveles de control social por parte del Ejecutivo como los estados de excepción o la militarización”, expresó el investigador.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) condenó los hechos “enérgicamente” y expresó su deseo de que las autoridades aclaren lo ocurrido de manera pronta.

Guatemala vive una ola de violencia que deja unos 16 muertos diarios, uno de los índices más altos de Latinoamérica.

Las autoridades estiman que cerca del 50% de las muertes violentas en Guatemala están asociadas a la actividad del narcotráfico y a la lucha entre pandillas o ‘maras’.