El gobierno de Honduras suspendió este miércoles, por tiempo indefinido, a unos 1.400 agentes de la Dirección de Investigación Criminal para someterlos a pruebas de confianza, en el marco de un proceso de depuración policial iniciado hace dos años.

“La medida tiene el propósito de buscar la certificación y perfeccionamiento de la Policía Nacional”, dijo la Secretaría de Seguridad en un comunicado enviado a la prensa.

Indicó que al personal se “liberará temporalmente de sus responsabilidades regulares” y se les practicará exámenes psicosomáticos, de consumo de drogas y detectores de mentira.

La oficina investiga todos los homicidios que ocurren en Honduras, incluso de las inspecciones oculares, robo de vehículos, levantamientos de cadáveres, balística, antecedentes penales y policiales y registro de armas. Administra además la base de datos de toda la investigación policial del territorio nacional.

Fernando Jaar, presidente de la Cámara de Comercio, dijo a la estación Radio América que “el ministro de Seguridad, Arturo Corrales, me confió que la decisión obedece a que algunos investigadores filtran información (de sus actividades) al crimen organizado”.

El presidente Porfirio Lobo puso en marcha en el 2011 un operativo para sacar de las filas de la Policía, que cuenta con un total de 14.500 efectivos, a algunos agentes involucrados en el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero el proceso ha fracasado, según afirmó en rueda de prensa el secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández.

ASJ es una organización no gubernamental que representa en Honduras a Transparencia Internacional con sede en Berlín.

Hernández dijo que la depuración, iniciada por la colusión de la policía con el delito, apenas ha logrado 33 órdenes para separación del cuerpo igual número de agentes, de las cuales se han acatado siete.

De acuerdo con las Naciones Unidas, Honduras es la nación más violenta del mundo sin conflicto bélico, con una tasa de asesinatos de 85,5 por cada 100.000 habitantes.

Las estadísticas oficiales indican que al menos 20 personas mueren violentamente cada día en el territorio nacional.