Las bancadas oficialistas en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que permite al Presidente de la República suspender las pensiones a quienes hayan falseado datos para ser reconocidos como exonerados políticos.
La iniciativa apunta a que el Primer Mandatario tenga atribuciones para revocar la condición de exonerados en condiciones fraudulentas.
Así lo dio a conocer el vicepresidente de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg, quien aseguró que las bancadas de la Alianza han seguido la lógica de perseguir hasta las últimas consecuencias las circunstancias en que falsos exonerados políticos han recibido beneficios y pensiones sin contar con los requisitos para ello.
En este sentido, Monckeberg afirmó que la iniciativa de ley se suma a las acciones que en el ámbito judicial está impulsando el Gobierno para dilucidar el alcance que tendría este supuesto fraude.
Y desde el ámbito de las responsabilidades políticas, en la Alianza adelantaron que remitirán a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados los antecedentes en los cuales se vincula a cerca de 10 parlamentarios con la entrega de certificados irregulares, para acreditar la condición de exonerado político.
El diputado Gustavo Hasbún en tanto, añadió que junto con la presentación ante la comisión de la Cámara, no descartan solicitar que se reactive la comisión investigadora que indagó este tema durante 2011.
En la misma línea, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue categórico en advertir que es responsabilidad del Gobierno denunciar ante los organismos pertinentes cualquier situación en que se produzca algún perjuicio o delito contra los intereses del país, desestimando así que la investigación por los falsos exonerados sea una maniobra política orquestada desde el Ejecutivo, como ha sido afirmado desde la Oposición.
Entre los parlamentarios que figuran como emisores de certificados para validar la condición de exonerados políticos y que hoy están bajo cuestionamiento, figuran los diputados Sergio Ojeda y Marcelo Schilling, además de los senadores Camilo Escalona, Isabel Allende y Alejandro Navarro, a quienes hace algunos días la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, recomendó renunciar por estar implicados en el escándalo.
