Por 96 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó el debate del proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. La iniciativa surge como necesidad de crear un órgano especializado, de alto nivel técnico y profesional, que tenga la independencia, estabilidad y flexibilidad necesarias.
Según consigna la Cámara Baja, la Superintendencia se constituye como una institución encargada de “supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que rigen la instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicaciones”.
Asimismo, le corresponderá participar en el procedimiento de autorización que dichos servicios requieren y en la del mecanismo por el cual se fijan, cuando corresponda, sus tarifas.
Eso sí, se excluye del ámbito de su competencia la facultad otorgada al Consejo Nacional de Televisión de revisar contenidos, así como del otorgamiento y modificación de concesiones y cualquier otra facultad referida al control de los contenidos transportados por los servicios de telecomunicaciones.
La Superintendencia, con el objeto de evitar un daño grave e inminente a la salud de las personas, las cosas o a la operación de los servicios de telecomunicaciones y siempre que la adopción de la medida sea indispensable para evitar dicho daño, podrá adoptar por resolución fundada, con fines exclusivamente cautelares, las siguientes medidas provisionales:
a) Suspender total o parcialmente la instalación de determinados sistemas técnicos para la provisión de los servicios, que provoquen o amenacen con provocar interferencias perjudiciales o generar daños a las personas o cosas.
b) Suspender total o parcialmente la operación o explotación de un servicio cuando no se subsanan las observaciones formuladas o no se adopten las medidas ordenadas dentro del plazo que se fije para el efecto.
c) Las demás medidas provisionales que establezca la ley.
En ese sentido, corresponderá exclusivamente a la Superintendencia de Telecomunicaciones el ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria respecto de las conductas que constituyan infracciones a la normativa sectorial o que constituyan un incumplimiento de las circulares, instrucciones y resoluciones que les imparta la Superintendencia en aplicación de dicha normativa.
Durante la votación en la Sala, se rechazó una disposición que permitía a la Superintendencia encomendar labores de apoyo a la función de fiscalización a terceros.
El texto legal será revisado ahora por el Senado, en segundo trámite constitucional.
