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Ministra Matthei pide renuncia de parlamentarios involucrados en el escándalo por falsos exonerados

Pablo Ovalle | Agencia UNO
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La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, pidió la renuncia de los parlamentarios Camilo Escalona, Isabel Allende y Marcelo Schilling, porque certificaron a los falsos exonerados políticos, según el informe de la Contraloría General de la República.

La secretaria de Estado se fue en picada en contra de los dirigentes políticos y parlamentarios de la oposición que habrían certificado a los tres mil postulantes irregulares detectados por la Contraloría.

Matthei aseguró que la Concertación “regaló” beneficios a funcionarios rentados de partidos políticos hasta el año 2010, que fueron calificados por el ex Programa de Reconocimiento al Exonerado Político.

Matthei afirmó que el Partido Comunista avaló 884 casos, el PS 660, el radical 61 y la DC 42. Por esto solicitó la renuncia de los parlamentarios.

En el informe de la Contraloría se apuntó a los parlamentarios opositores Camilo Escalona, Isabel Allende y Marcelo Schilling.

Este último no quiso referirse a las acusaciones de Matthei, mientras que desde Alemania la hija del ex Presidente, Salvador Allende, aseguró que solo certificó aquellos casos que le parecieron válidos.

Otro de los capítulos de acusaciones cruzadas involucró al Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, y el vicepresidente, Andrés Chadwick, quien desmintió haber certificado a exonerados de la empresa Fiat de Rancagua.

El presidente de la agrupación de exonerados de Fiat Rancagua, Luis Valdés, salió a complementar la versión del ex senador de la UDI, y llamó a Andrade a rectificar sus palabras.

El candidato presidencial de RN, Andrés Allamand, anunció un proyecto de ley por intermedio de la bancada de diputados para extender los plazos de revocación administrativa y lograr la cancelación de los beneficiosos a los falsos exonerados.

Allamand añadió que de acuerdo a la ley 19.234 permite que las pensiones sean revocadas como máximo a dos años, mientras que un juicio de nulidad administrativa dura aproximadamente cinco años.

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