La denuncia que se desprende del informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la caracterización de personas como exonerados políticos es un hecho gravísimo.

Recordemos que la Contraloría analizó una muestra que tomó y cuestionó la condición de unos 3 mil exonerados y los pagos por cerca de 160 millones de dólares a personas que no reunían los requisitos para optar a esas pensiones.

Por ahora lo que ha hecho la Contraloría es detectar irregularidades administrativas y no ha enviado el asunto a los tribunales porque aparentemente no ha detectado eventuales delitos.

Pero el Ministerio del Interior si ha enviado los antecedentes el Ministerio Público para que indague, para ver si allí hay delitos.

Revisa a continuación el comentario completo de Nibaldo Mosciatti.