Ex funcionarios del municipio de Hualpén confirmaron en tribunales las presiones para solicitar préstamos con los que se adquirió la Casa Ciudadana y que fueron cancelados a Coopeuch a través del pago de horas extra. El procedimiento, intenta probar la Fiscalía, configura el delito de fraude al Fisco del que se acusa al ex alcalde Marcelo Rivera.
Con la declaración de dos de las ex funcionarias municipales que denuncian haber sido prácticamente obligadas a solicitar créditos para la compra de la Casa Ciudadana continuó este martes el juicio del caso Rivera.
Una de ellas fue Ana Concha, quien ratificó el modus operandi que el Ministerio Público denuncia como fraude al Fisco.
En su caso fue Nelson Cuevas, secretario municipal hasta hoy y acusado en el juicio por corrupción, quien le pidió conseguir el préstamo.
Sobre la forma en que se cancelarían los créditos a Coopeuch, Concha ratificó lo que ya había declarado una primera testigo y ex colega en la municipalidad, Grete Gajardo.
Junto a Grete Gajardo, ex relacionadora pública del municipio, Ana Concha aportó más de dos millones de pesos para la compra de la polémica casa ciudadana.
Fue Gajardo quien para el Ministerio Público aportó un antecedente clave sobre la intervención del entonces alcalde Rivera en el ilegal procedimiento. Así lo subrayó el fiscal jefe de la investigación, Francisco Ljubetic.
Fueron una decena de funcionarios y ex funcionarios municipales quienes consiguieron los préstamos cuyos dineros fueron a la adquisición del inmueble utilizado por el PPD como comando y donde se organizaban las actividades y campañas del partido.
En el juicio -que entró en su tercera semana de audiencias- la Fiscalía acusa a Marcelo Rivera y otros seis funcionarios y ex funcionarios públicos de los delitos de exacción ilegal, cohecho, fraude al Fisco y lavado de dinero.
