Uno de los abogados de los familiares de las víctimas del maremoto anunció que pedirá a la justicia que interrogue como imputado al comandante en jefe de la Armada, almirante Edmundo González, quien asumió la responsabilidad por los errores del SHOA. En tanto, las defensas del ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y de otros dos formalizados, apelaron al fallo donde se les negó ser absueltos.
El abogado Raúl Meza va a concurrir este jueves a la Fiscalía Militar de Valparaíso a pedir que la máxima autoridad de la Armada preste declaraciones como inculpado, en la causa abierta en abril por los errores en la alerta de tsunami.
El 25 de marzo la fiscal Solange Huerta, a cargo de investigar las responsabilidades por los 152 muertos y 25 desaparecidos que dejó el maremoto, remitió los antecedentes a la justicia naval para que investigue la posibilidad de ocurrencia del delito de incumplimiento de deberes militares.
Durante la conmemoración de las Glorias Navales, el almirante González, quien deja el cargo el próximo mes, asumió la responsabilidad por la actuación de su institución tras la catástrofe del 27 de febrero de 2010.
El comandante en jefe ya había declarado ante la fiscal Huerta, pero en calidad de testigo, y según el abogado Meza, jamás reconoció responsabilidad por lo ocurrido en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).
Es por ello que el abogado querellante pedirá que declare ante la persecutora, pero esta vez, en calidad de imputado y que también sea requerido por la justicia militar.
Debido al rango del almirante González, un fiscal naval no podría tomarle declaraciones y por eso, el abogado Meza pedirá que se designe un ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que asuma esta causa.
En tanto, las defensas del ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, de la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, del ex oceanógrafo del SHOA, Andrés Enríquez, y del ex jefe de alerta temprana de la Oficina Nacional de Emergencias, Joaziel Jamett, apelaron al fallo del juez Ponciano Salles.
Luciano Foulliaux, abogado de Fernández, destacó que sus argumentos apuntan a aspectos jurídicos, sobre la supuesta inexistencia de un hecho doloso, y a responder a los dichos del juez Salles que acusó a su clienta de ocultar información esa madrugada del 27 de febrero del 2010.
Por otro lado, Carlos Pérez, abogado de Jamett, apuntó que la resolución del juez Salles se basó en antecedentes equivocados.
De esta manera, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, la ministra Gloria Ana Chevesich, deberá sortear la sala del tribunal que resolverá estas apelaciones y luego, poner fecha a la audiencia, la que, según fuentes judiciales consultadas, se fijará para fines del próximo mes.
