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$16 mil millones en acreditaciones habrían ganado universidades del Mar, SEK y Pedro de Valdivia

Francisco Valenzuela (RBB)
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Hasta 800 millones de pesos de multa arriesgan las personas jurídicas de la Universidad Del Mar, Pedro de Valdivia e Internacional SEK, todas formalizadas hoy por el delito de soborno. Estos pagos de coimas, presuntamente realizados por los ex rectores de estas instituciones a Luis Eugenio Díaz, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, tenían por fin obtener este beneficio para así acceder a los dineros que les proporciona el Crédito con Aval del Estado.

Por soborno fueron formalizadas las personas jurídicas de las universidades Pedro de Valdivia, Internacional SEK y Del Mar, ya que sus respectivos ex rectores habrían pagado coimas al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, para conseguir acreditaciones, y de esta forma, acceder a los fondos que proporciona el Crédito con Aval del Estado.

Uno de los fiscales que lleva la causa, el persecutor de la Zona Oriente, Pablo Norambuena, precisó que tras la formalización, por cohecho también, de los ex rectores José Schroeder, de la Internacional SEK, Héctor Zúñiga, de la Universidad del Mar, y Ángel Maulén, uno de los controladores de la Universidad Pedro de Valdivia, ahora correspondía que las universidades respondieran por estos supuestos delitos.

De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, por concepto de Crédito con Aval del Estado, la Universidad SEK habría recibido 859 millones 960 mil 374 pesos el 2012, en tanto que la Universidad Pedro De Valdivia habría recibido poco más de 8 mil millones de pesos entre el 2011 y el 2012, mientras que la Universidad del Mar habría recibido casi 7 mil millones de pesos.

El Consejo de Defensa del Estado también se hizo parte de esta querella, de acuerdo a lo que explicó el abogado de esa institución, Rodrigo Reyes.

La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas establece que cualquier institución debe supervisar sus operaciones para que precisamente no ocurran delitos como el que está investigando actualmente el ministerio Público.

En la audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía se hicieron presentes los rectores de estas casas de estudio, pero Patricio Galleguillos, de la Universidad del Mar, no ostenta el grado de representante legal de esa institución, por lo que el tribunal designó a la defensora Pública Carolina de Alliende para que desempeñe, por lo menos por ahora esa función.

Por el delito de cohecho activo, estas instituciones arriesgan multas entre 10 mil a 20 mil Unidades Tributarias mensuales, lo que daría un monto máximo de 800 millones de pesos, y como el plazo de investigación se terminaba este viernes , se pidió una ampliación de 60 días más a la que el Octavo juzgado de garantía accedió.

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