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Formalizan por fraude a ex seremi Benjamín Maureira y a ex administrador municipal penquista

Víctor Salazar | Agencia UNO
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Este viernes fue formalizado el ex seremi de Educación del Bío Bío, Benjamín Maureira, en relación al pago de horas extra recibido cuando era jefe del DAEM en la Municipalidad de Concepción, siendo alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe.

Un intenso debate se dio en el Juzgado de Garantía de Concepción, luego que el fiscal Octavio Stuardo entregara los antecedentes por los que imputa al ex seremi Benjamín Maureira y al ex administrador municipal penquista, Héctor Allendes, el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales.

En los alegatos, los abogados defensores rebatieron la investigación del Ministerio Público relativa a horas extraordinarias que habrían recibido ambos formalizados cuando eran funcionarios municipales.

Si bien en los montos supuestamente defraudados hubo diferencias, lo central -puntualizó la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Gisela Inostroza- es que un peso o millones de pesos importan el mismo delito.

Por su parte, el fiscal explicó el porqué de la formalización contra Maureira y Allendes:

Stuardo solicitó el arraigo nacional de los imputados, lo que el juez Sergio Aravena rechazó, junto con argumentar que no detectaba indicios de ilícitos en los antecedentes aportados por el Ministerio Público.

La resolución llenó de optimismo a las defensas de Maureira y Allendes, como lo explicó el abogado del primero, Remberto Valdés:

Benjamín Maureira, quien debió renunciar a la Seremi de Educación al conocerse la formalización, insistió en que no incurrió en ilícitos y que las horas extra se trabajaron y permitieron una gestión destacable cuando fue jefe de educación municipal de Concepción.

El ex seremi reiteró que detrás de la investigación penal hay motivaciones políticas, aunque no quiso explayarse en esa acusación.

Por su parte, Allendes y su abogado Humberto Alarcón adelantaron que ante la debilidad de la formalización podrían pedir el sobreseimiento antes de que se cumpla el plazo de seis meses de investigación otorgado por el Juzgado de Garantía.

Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los ex alcaldes Van Rysselberghe y Kuhn, además de otros 6 ex funcionarios municipales, pidiendo investigar los más de 900 millones de pesos en horas extra canceladas entre 2009 y 2011.

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