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Fiscalía espera inicio de juicio contra hombre que disparó a funcionario de la PDI en Osorno

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A la espera de la fijación de la audiencia de preparación de juicio se encuentra la Fiscalía local en Osorno por el caso del tiroteo a un funcionario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones a fines de octubre de 2012.

La fiscal jefe de Osorno que lleva el caso, María Angélica de Miguel, manifestó que tras la detención del autor de los disparos y su posterior formalización, se determinó la prisión preventiva, medida que se mantuvo durante todo el proceso, ya que desde el primer momento fue considerado un peligro para la seguridad de la ciudadanía.

Tras la recopilación de antecedentes, tanto testimoniales como periciales, se dio por cerrado el proceso y fue presentada formalmente la acusación para que el caso sea llevado a juicio. Ante esto exigirán las máximas penas aplicables al delito tipificado como homicidio frustrado. Éstas se agravan en un grado debido a que la víctima era un funcionario en servicio.

Por ello es que arriesga una pena –sólo por el delito de crimen- que parte en los 10 años hasta los 15 años. A lo anterior se suma el porte y tenencia ilegal de arma de fuego, cuya pena oscila entre los 541 días y los 10 años de presidio efectivo.

No obstante ello, añadió De Miguel, solicitarán la aplicación de la máxima pena en su contra, afirmando que no es posible que se brinden beneficios a una persona que ataca a un funcionario de la policía civil.

El ataque fue perpetrado por Juan Manuel C.C. de 38 años en la intersección de calle Angulo con Los Carrera, cerca del centro de Osorno. El hombre se resistió al control de identidad efectuado por el oficial de servicio, instante en que el sujeto extrajo de su ropa un arma calibre .45, disparando en al menos cinco oportunidades.

Ante la flagrancia del ataque, el funcionario logró parapetarse al costado de un vehículo particular que le sirvió de escudo. Pese a que portaba su chaleco antibalas, los impactos podrían habele quitado la vida, según se develó en la audiencia de formalización.

El imputado al momento de su detección mantenía una orden de detención vigente en su contra por robo, emanada en la ciudad de Valparaíso, debiendo cumplir 57 días de presidio para después dar curso a la prisión preventiva.

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