Arturo Navarro, Director Ejecutivo del Centro Cultural Estación Mapocho, ha hecho pública la siguiente columna a propósito de la presentación que hoy han hecho, en el Palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera y el Ministro Luciano Cruz-Coke de un proyecto de ley para crear el Ministerio de la Cultura.
Aquí va su texto:
Esa vieja obsesión por el orden
Finalmente, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera dio a conocer su visión de lo que debería ser la institucionalidad cultural de Chile. Tomó varios años llegar a puerto. El resultado es pobre y revelador. Se trata simplemente de ordenar la casa. Es una iniciativa de finales de gobierno, con ninguna posibilidad de verse aprobada en este mandato. Cabe recordar que la institucionalidad que nos rige fue presentada al país a dos meses de iniciado el gobierno -de seis años- de Ricardo Lagos, venía de una discusión iniciada por la sociedad civil durante todo el mandato anterior y tenía una cabeza muy clara, sentada a pasos de la oficina Presidencial, en La Moneda.
Esta vez, la iniciativa proviene desde el propio gobierno, de funcionarios incómodos ante duplicidades, faltas de autonomías y dependencias de otros ministerios y tiene una cabeza visible que está en la nómina de todos los últimos posibles cambios de gabinete, gatillados de manera frecuente por un año electoral que ha sido siempre el peor escenario para cambios legislativos relevantes.
La propuesta se enmarca en un escenario en que la población – estudiantes, pescadores, enfermos, ciclistas, sindicalistas, partidarios de una asamblea constituyente- está en las calles y el país está discutiendo cómo profundizar la participación, terminar con los abusos y con el sistema binominal y cómo mejorar la educación, la salud y la previsión.
Frente a ello, lo que se plantea en cultura es ordenar lo existente. Está bien, existen ciertas duplicidades: servicios que dependen de un ministerio diferente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dificultad administrativa que data desde su creación; falta de recursos para proteger el patrimonio; autonomía para presentar iniciativas legales y condición de servicio público y no de Ministerio. Pero, ¿es la prioridad ordenar un sector como es el cultural que se caracteriza por su creativa dispersión y que no sin dificultades estableció una institucionalidad pública a su medida que es diversa e innovadora respecto de todo lo existente?
Sin duda, la respuesta es negativa. Sin embargo, la respuesta del gobernante es favorable. ¿Para qué?
Para que exista un Ministro, con rango y sueldo de Ministro. Para que exista un subsecretario, para que existan dos servicios públicos dependientes del mismo. Para que existan secretarios regionales ministeriales. Para que se asemeje a todos los demás ministerios. Para uniformizar a la cultura, para imponer a artistas, gestores y audiencias un esquema de funcionamiento similar a la defensa, las relaciones exteriores, la salud o la vivienda.
¿Para qué? Si hay una institucionalidad que ha funcionado en lo principal, que ha destinado crecientemente recursos a los creadores, que ha desarrollado un programa exitoso de infraestructura, que ha permitido, como en ningún otro sector, que los incumbentes sean considerados en los diferentes consejos, convenciones, comisiones evaluadoras y corporaciones privadas sin fines de lucro.
Para que toda esta participación se ordene. Que exista una autoridad unipersonal y un Directorio Nacional cuyos cuatro miembros provenientes de la sociedad civil sean ratificados por los 3/5 del Senado y reciban una dieta. Actualmente, son cinco, sólo dos son sometidos a aprobación senatorial, para lo que basta la simple mayoría, y son ad honórem. Esta modificación, bajar de cinco a cuatro, huele a componenda: dos de gobierno y dos de oposición, introduciendo un factor “empate” en la designación de personalidades de la cultura, a todas luces injusto, dado que es evidente que la mayoría de ese mundo simpatiza con un sector político.
Una matemática simple, señala que la reducción del Directorio Nacional de once a diez miembros termina con la posibilidad de que éste tenga una mayoría diferente a la del gobierno: tres Ministros o representantes de ellos, dos de los aprobados por el senado y uno de los dos representantes de las universidades suman seis. Es decir, tendríamos siempre un Directorio Nacional oficialista, en el que la autoridad política no tendría inconvenientes para hacer valer sus determinaciones. ¿Dónde queda la permanencia de políticas culturales de Estado?
¿No es rigidizar lo existente reducir a cada cinco años la posibilidad de que dicho Directorio apruebe políticas? Si bien es cierto que mantiene su facultad de aprobar la asignación los recursos del Fondart y del eventual fondo concursable del sector del patrimonio, sólo “conocerá” de las asignaciones de los fondos del audiovisual, el libro y la música. ¿Y si son contradictorios con lo aprobado en el Fondart o el Fondo del Patrimonio? ¿Quién resuelve? Obviamente el Ministro; actualmente el Directorio Nacional tiene amplias atribuciones al respecto.
Además, el Directorio podrá “proponer al Ministro de Cultura los proyectos de ley y los actos administrativos que considere necesarios para la debida aplicación de las políticas culturales”, cuestión que evidentemente no existió en el proyecto actual, generado de manera inversa.
Cuesta imaginar que tales rigideces no provengan de los sectores más conservadores de la cultura, en particular aquellos del ámbito del patrimonio, que disponen de una institucionalidad pesada, que data de 1929 cuando el gobierno del general Carlos Ibáñez creó la DIBAM y que han puesto precio a su modernización. Un “amarre” ante los cambios.
En definitiva, un gobierno en su última cuenta pública, intenta, legítimamente, dejar alguna huella en el terreno cultural legislativo. Pero carece de un pensamiento fundacional o programático que le permita una solución creativa, realista y que recoja las inquietudes actuales del sector, que se reflejan día a día en el debate que emerge cuando se cierran salas de teatro o se incendia un edificio patrimonial. Ante ello, recurre al expediente del orden de lo existente, pretendiendo equilibrar las cualidades inequívocas de un Consejo con los temores ancestrales de sus conservadores patrimonialistas.
Es justo recordar que los gobiernos anteriores legislaron copiosamente en este ámbito, optando por el camino aparentemente más difícil de “desordenar” lo que había: innovando en la adopción de un Consejo de la Cultura las Artes en lugar de un ministerio; estimulando los aportes privados a organizaciones culturales sin fines de lucro en lugar de empresas; iniciando un incontenible desarrollo en la construcción de infraestructuras culturales; promoviendo la instalación en el país de protagonistas, hoy imprescindibles, como las audiencias y los gestores culturales, en lugar de públicos pasivos y ejecutores de presupuestos fiscales.
Tal “desorden” calza con las características del mundo de la cultura y lo refleja.
Veremos, en la discusión que hoy comienza su trayecto parlamentario, si se acuerda aprobar este orden o el proyecto tendrá una vida tan corta como los meses que faltan para la próxima elección presidencial.
Publicado por ARTURO NAVARRO en lunes, mayo 06, 2013
