Tan sólo 20 personas, de los 141 detenidos que dejó la marcha del Día del Trabajador, pasaron esta mañana por Control de Detención en el Quinto y Décimo Tercer juzgado de garantía de Santiago.
Las principales acusaciones, entre otras destrozos durante la manifestación, así como también desórdenes graves y maltrato de obra a Carabineros.
Respecto de este último punto la Intendencia presentó 7 querellas por los mencionados hechos, y el jefe metropolitano Juan Antonio Peribonio fue enfático en que buscarán sin cansancio a los responsables del ataque con ácido que dejó a tres uniformados en el hospital.
Uno de estos, Arturo Ortiz, acusado de desórdenes graves, aceptó una salida alternativa, donde debe acreditar lugar de trabajo o de estudio durante un año. Una vez libre, Ortiz insistió en que él no estaba enfrentándose a Carabineros, sino que estaba defendiendo a una mujer que se encontró en medio de los incidentes.
En el mismo contexto de la marcha, el abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, defendió a dos menores acusados de porte de artefacto explosivo. El tribunal decretó ilegal su detención, ya que la policía realizó un control de identidad al verlos con un letrero que decía “fuego a esta sociedad carcelaria”.
El Quinto Juzgado de Garantía declaró inadmisible la querella de la Intendencia contra estos menores, y Román consideró que en este caso, la Intendencia está realizando acciones legales prácticamente al azar.
De las 7 querellas presentadas inicialmente por la Intendencia, finalmente se retiró una, en tanto que todos los imputados que pasaron por el Centro de Justicia quedaron en libertad.
