Las denuncias en Argentina por presunto lavado de dinero contra empresarios vinculados al fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner y su esposa, la actual presidenta, Cristina Fernández, se extendieron el viernes a Uruguay, donde las autoridades defienden que el país tiene un fuerte marco jurídico contra ese delito.

Los diputados argentinos Manuel Garrido y Graciela Ocaña presentaron el viernes en un juzgado de Montevideo una denuncia en la que solicitan que se investigue a 12 empresas, de las cuales dos uruguayas y el resto panameñas o beliceñas con sucursales en Montevideo, y a 16 ciudadanos argentinos, entre los cuales el ministro de Planificación federal argentino, Julio De Vido.

“Acompañamos la denuncia con información vinculada a las sociedades y también con una presentación que hicimos la semana pasada ante los juzgados argentinos”, dijo a periodistas Garrido, que presentó el escrito en el Juzgado de Crimen Organizado, junto a Ocaña.

Ocaña y Garrido explican en el escrito, al que accedió la AFP, que su denuncia parte del programa televisivo “Periodismo para todos” conducido por el periodista Jorge Lanata, difundido el 14 de abril, en el que se mostró la posible existencia de una red de lavado de dinero, aparentemente vinculada con el ex presidente Kirchner.

Ésta habría sacado de Argentina durante el primer semestre del año 2011 unos 55 millones de euros de forma ilegal. Según la denuncia, gran parte de estos millones podría haber sido girada al exterior a través de empresas radicadas en Uruguay.

El dinero habría sido trasladado en valijas, algunas en avión y otras a través del transporte fluvial entre los dos países.

Ocaña y Garrido piden que “se disponga el inmediato bloqueo de los fondos que existan en cuentas o cualquier otro tipo de productos financieros en los que conste la intervención (en cualquier carácter) de las personas físicas o jurídicas denunciadas” en cualquier banco de Uruguay.

Además, pidieron que se investiguen los vuelos de un avión particular que realizó varios viajes nocturnos, uniendo Buenos Aires con Montevideo y Punta del Este.

Los dos diputados ya presentaron denuncia ante la justicia argentina, que ordenó el 19 de abril el allanamiento de una financiera y las viviendas de dos financistas en Buenos Aires.

“Muchas de estas personas han tenido mucha protección política en Argentina, han tenido denuncias de operaciones sospechosas de lavado de dinero (…) y sin embargo nunca fueron denunciadas por las autoridades antilavado o impositivas”, aseguró Ocaña, destacando que “ahora las autoridades judiciales de ambos países deberán investigar”.

Las autoridades económicas uruguayas, en tanto, han reivindicado en los últimos días los controles uruguayos vigentes para detectar el lavado de dinero.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aseguró el miércoles que si la denuncia del periodista argentino por se presentaba a la justicia el Estado uruguayo colaboraría en la causa pero defendió también que Uruguay tiene “los marcos jurídicos más desarrollados de toda la región” para afrontar el lavado de dinero.

El martes, el propio presidente José Mujica se refirió a la denuncia del periodista argentino Lanata.

“No hay nadie que pueda traer cinco millones de dólares y tomar un café, y no le pregunten nada”, dijo a periodistas. Sin embargo, admitió que “es posible” que en el país “baje alguna avioneta con plata”.

“Si no, ¿la droga de dónde viene, cómo viene? ¿Pasa por la Aduana, tiene los controles? ¡No seas malo! ¿Pasa por los aeropuertos? ¡No seas malo! Hay un tráfico clandestino que puede dar para cualquier cosa”, sostuvo.

El mandatario dijo, sin embargo, que la investigación del programa argentino responde a una “lucha interna política” interna de ese país.