23 policías brasileños fueron condenados este domingo a 156 años de cárcel cada uno por su papel en la matanza de 111 reclusos que se habían amotinado en 1992.

Otros tres uniformados que también habían sido acusados ante un tribunal del estado de Sao Paulo fueron liberados.

Los oficiales, en su mayoría actualmente retirados, fueron hallados culpables de haber matado a 15 presos en la prisión de Carandiru de Sao Paulo durante una operación para sofocar la revuelta del 2 de octubre de 1992, que luego se conoció como “la masacre de Carandiru”.

La defensa, que argumentó que los policías dispararon en defensa propia tras haber sido amenazados y agredidos por los detenidos, anunció que apelará el fallo.

Ninguno de los agentes implicados en la operación resultó herido.

Además de los 111 presos muertos, otros 87 sufrieron diversas lesiones.

Sobrevivientes de la masacre acusaron a la policía de haber disparado a internos que ya se habían rendido o se habían escondidos en sus celdas.

Inicialmente, las autoridades afirmaron que la policía intentaba disolver una pelea entre presos que habían tomado el control de uno de los bloques de celdas.

Pero evidencias posteriores sugirieron que la Policía Militar atacó a balazos a los reclusos antes de destruir elementos que podrían haber servido para determinar responsabilidades individuales en los asesinatos.

Hasta ahora no había detenidos por esta masacre.

El comandante de la operación, el coronel Ubiratan Guimaraes, fue condenado inicialmente a 632 años de cárcel por su mal manejo de la revuelta y las muertes posteriores.

Pero en 2006 un tribunal anuló la condena estimando que el juicio había estado viciado de nulidad.

Más tarde ese año, Guimaraes fue hallado muerto en su apartamento en circunstancias poco claras.

La masacre en lo que entonces era la mayor prisión de América Latina, con 8.000 presos, generó indignación entre los reclusos, y los fiscales aseguraron que fue un factor clave en la aparición de una banda criminal denominada Primer Comando de la Capital (PCC) en 1993.

Se cree que el PCC pudo haber ordenado la muerte del director de entonces de la prisión, José Ismael Pedrosa.

Desde la cárcel, el PCC organizó una serie de ataques contra locales de la policía y otros edificios que dejaron más de 170 muertos y paralizaron Sao Paulo durante cuatro días en mayo de 2006.

El malestar entre los detenidos se extendió a otras ciudades, y decenas de presuntos delincuentes fueron abatidos por la policía en una serie de operaciones de represalias.

A fines de 2012, el PCC fue responsabilizado igualmente por una ola de homicidios de policías y de ataques incendiarios contra autobuses.

La prisión de Carandiru fue demolida en 2002.