El observatorio parlamentario entregó este viernes el Balance al Poder Legislativo del año 2012. Entre los asuntos pendientes de nuestra legislación, resalta un grupo de normas jurídicas sobre derechos humanos, que están incluidas en tratados y convenios internacionales a los que Chile se ha adscrito.
En esta séptima versión del balance se mostró la preocupación por el estancamiento de normas sobre esta materia, a pesar de ser obligaciones asumidas por el Estado tras la suscripción acuerdos internacionales.
Entre dichos asuntos pendientes que mantiene nuestra legislación, están las propuestas sobre participación política partidaria, la escasa prioridad que ha tenido el debate del Acuerdo de Vida en Pareja y la estancada reforma al sistema electoral binominal.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, período que comprende este balance, se presentaron 626 proyectos de ley y se aprobaron 91 leyes, principalmente de orden presidencial.
De ese total de leyes aprobadas, el 22% responde a las referidas a alguna dimensión de los derechos humanos, y el 2% a la democracia.
El Vicepresidente del Senado, José Antonio Gómez, indicó que la mayoría de los proyectos o decisiones leislativas pasan por el Presidente de la República. agregó, en este sentido, que Chile es un país presidencialista y que sólo este cargo tiene muchas atribuciones.
El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, indicó como gran avance del Gobierno de Sebastián Piñera, la iniciativa que crea la Superintendencia de Derechos Humanos.
El subsecretario señaló además que los avances son innegables, y que los acuerdos tardan por las diferentes posiciones.
La coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana, señaló a La Radio que este balance cobra real importancia en un año electoral.
Entre los avances del año recién pasado, este informe destaca la promulgación de la Ley Contra la Discriminación, aunque es considerada una legislación limitada por no establecer institucionalidad pública ni marco preventivo.
Se valoró además el avance legislativo de la reforma de la sociedad conyugal, la que sin embargo, es criticada por no consagrar un régimen de co-administración de los bienes sociales.
