El Ministerio Público abrió una investigación y formalizó al empresario agrícola, Carlos Capurro, como presunto autor del delito de usurpación de aguas contemplado en el artículo 459 Nº 1 de Código Penal, luego que peritos de la PDI y la Dirección General de Aguas, trabajaran en una investigación durante varios meses.
El abogado Eduardo Jara, vocero subrogante de la fiscalía regional, aseveró que “se formaliza al propietario de un predio que es colindante con el río Claro, el que sin contar las autorizaciones administrativas construyó y ha hecho operar dos pozos profundos, los que se encuentran a aproximadamente a 20 o 25 metros de la ribera del río. Se encuentra establecido por informes de la Dirección de Aguas, que el uso de estos pozos en definitiva disminuyen el caudal. Aquí existe un problema técnico, pero que está claramente acreditado por la Dirección de Aguas en el sentido que él extrae agua de las napas y que al vaciarse éstas aumenta la filtración del río y vuelve a llenar las napas y sigue sacando agua. En definitiva, lo que está sacando es agua del cauce del Río Claro y para ello requiere tener una autorización, que no la tiene”.
La fiscal María Lorena González solicitó en la audiencia fijar un nuevo día y hora con el fin de explorar una suspensión condicional del procedimiento, lo que no fue aceptado por el imputado al no reconocer los hechos que se le imputan. Por esta razón la investigación -que tiene un plazo de cinco meses- continuará, pudiendo de esta forma, terminar los hechos en un juicio oral.
A pensar de la petición de arraigo nacional solicitada por el abogado representante de una asociación de canalistas, que figura como querellante en la causa, el tribunal no la decretó por no estimarla necesaria en estado procesal de la investigación.
