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De espectadores a protagonistas

Mario Davila | Agencia UNO
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Se suele confundir en muchos sentidos a la sociedad civil organizada con los movimientos sociales.

Y es que no hay que perder de vista que se identifica a la primera con el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado (Alexis de Tocqueville), lo que incluye a las ONGs, asociaciones y fundaciones.

Mientras que los segundos son actores políticos colectivos de carácter movilizador que persiguen objetivos de cambio a través de acciones generalmente no convencionales o contenciosas, y que para ello actúan con cierta continuidad por medio de un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles (Salvador Martí i Puig).

Sin embargo, ambas definiciones y realidades pasan a planos posteriores cuando confluyen en un elemento en común, y es que buscan expandir y también allanar los límites que tiene el Estado con sus ciudadanos.

Convivencia muy distante y dicotómica en Chile, en la práctica desde el quiebre institucional que significó el Golpe de Estado de 1973, sumado al paulatino distanciamiento de los gobiernos democráticos -desde 1990- con las demandas ciudadanas, como la descomposición de nuestro tejido social.

Es precisamente esa abultada deuda de los gobiernos chilenos, y por consiguiente del Estado en su totalidad, la que comenzó a destaparse – cual olla a presión – en el año 2006 y el 2011 con las demandas del movimiento estudiantil. Bandera de lucha y envión anímico-social que han sabido tomar últimamente, el movimiento sindical (portuarios, trabajadores del cobre, y otros) para exigir sus demandas.

En consecuencia, hoy podemos ver cómo los candidatos presidenciables comienzan a mostrar sus diferencias y/o matices en sus programas, sin poder soslayar las demandas ciudadanas expresadas en los últimos años. No obstante, la suspicacia se nos viene encima en este año electoral.

¿Esta incipiente apertura a las exigencias y reformas sociales (educación, sistema de pensiones, salud, y otras) provienen de la médula de sus convicciones? ¿O es sólo oportunismo político?

Muchos podrán señalar que las demandas sociales, hoy más que nunca, son presa de la utilización política de uno y otro bloque, sin embargo, pocos podrán negar que después de 23 años sea la ciudadanía – en la calle – la que está pauteando la agenda de nuestros futuros gobernantes.

Independientemente de los enclaves constitucionales que atentan contra nuestra democracia, léase, sistema electoral binominal, la existencia de un Tribunal Constitucional, o que sea legal romper huelgas con reemplazos, o el hecho de que un Congreso dividido no de espacio a reformas estructurales, la paulatina recomposición del tejido social y la renaciente pro-actividad de la ciudadanía es una realidad que llegó para quedarse. Eso sí, cuidando siempre su proceso organizativo y coherencia.

Prueba de que los candidatos comienzan a abrirse también a las demandas ciudadanas es que mayoritariamente han incluido en sus sitios webs apartados donde cada usuario puede ingresar sus inquietudes o exigencias para ver si son incorporadas dentro del programa de cada aspirante a La Moneda. Llamado a la ciudadanía que también podemos ver en iniciativas digitales (“5 Conversaciones para Chile”), que buscan hacer de puente entre los desafíos pendientes que plantea la sociedad civil y la agenda-país de nuestras próximas autoridades.

En Chile la ciudadanía ya dejó de ser un mero espectador.

Ricardo Bustamante

Ricardo Bustamante

Ricardo Bustamante


Periodista de la Universidad Andrés Bello, Diplomado en Política Mundial (Universidad de Santiago) y en Democracia en América Latina (PNUD), Tesista de Magíster en Ciencia Política, Universidad Mayor. Se especializa en contenido socio-ambiental, gestión de prensa y generación de redes de contacto

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