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Llaman a revisar protocolos de convivencia en establecimientos tras golpiza a escolar en Castro

José Carvajal | Agencia UNO
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A raíz de una golpiza recibida por una estudiante en Castro, la superintendenta de Educación en la región de Los Lagos, Patricia Sanzana, hizo un llamado a los establecimientos educacionales de la región de Los Lagos para que actualicen sus protocolos de convivencia escolar, con el objeto de prevenir este tipo de hechos.

La agresión ocurrió en una plazoleta cercana a la Escuela Aytué de Castro, como consecuencia de una discusión entre tres estudiantes que comenzó durante un recreo y que dejó con graves lesiones en su rosto a una alumna de 8º básico. La menor fue derivada desde el hospital de la comuna hasta el complejo asistencial de Puerto Montt, donde fue sometida a una cirugía en su mandíbula debido a una fractura expuesta.

Trascurridas más de 24 horas el hecho aún no había sido denunciado formalmente ante el Ministerio de Educación, por lo que la superintendenta hizo un llamado a los planteles educativos para actualizar los procedimientos de actuación y evitar estas agresiones.

En cuanto a las denuncias recibidas, señaló que desde que comenzó a funcionar la Superintendencia de Educación en la región en septiembre de 2013, la entidad ha recepcionado un total de 210 denuncias, 53 de las cuales corresponden a casos de maltrato físico y sicológico y otras 17 a episodios de acoso escolar o bullying.

Agregó que las provincias de Llanquihue y Osorno son las que registran la mayor cantidad de denuncias por maltrato físico y acoso escolar, pero no por eso la Superintendencia deja de estar pendiente de lo que ocurre en zonas aisladas de la región.

En cuanto a las responsabilidades que le competen a los establecimientos educacionales de constatarse que los protocolos de actuación no están actualizados según la legislación vigente desde septiembre de 2011, la Superintendencia podrá iniciar procesos administrativos que podrían configurar sanciones que van desde amonestaciones por escrito hasta multas en cobro de subvenciones, que podrían alcanzar los $40 millones.

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