Al menos cinco juicios de alta connotación pública son los que verá en los próximos meses el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, dos de los cuales -con audiencias que podrían extenderse hasta por 16 meses- ya están agendados. Para el juzgado no ha sido fácil la programación, debido a una falta importante de magistrados.

Justamente la actual baja en la dotación de jueces fue lo que obligó a la administración del Tribunal Oral penquista a fijar para el 5 de agosto el segundo juicio en el caso Alto Río.

En un mes más comenzará el procedimiento contra el ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, previéndose que se prolongue hasta por tres meses. Para ese juicio están ya designados cuatro magistrados; tres titulares y uno suplente.

Haber fijado Alto Río al mismo tiempo que el caso Rivera habría significado tener ocho jueces en forma exclusiva para dos causas, quedando los otros para abordar todo el trabajo restante.

La planta oficial de magistrados es de 18, sumándose otros tres en calidad de destinados, y que tienen por objetivo apoyar la recarga laboral existente en el juzgado de Concepción. Sin embargo, de ellos, hoy dos están en cursos de la Academia Judicial, dos con licencia médica y un quinto trasladado a Santiago.

Son 16 jueces entonces los disponible en la actualidad. De ellos, cuatro se abocarán desde el 13 de mayo al juicio por corrupción contra Marcelo Rivera.

Así, de entre los 12 juristas disponibles saldrán los 3 que deberán revisar el caso por la violación y homicidio de Patricia Silva Riffo el año pasado en Coronel, y en el que hay cuatro personas formalizadas. Se estima que ese juicio, sin fecha todavía, dure un mes.

Sin agendar tampoco está el parricidio de Eva Ferrer Valdebenito en San Pedro de la Paz en agosto de 2012. La investigación contra el hijo, formalizado por el asesinato, está a punto de concluir. Se prevé que ese juicio, aunque complejo, se extienda por sólo una semana.

Una quinta causa es la que tramita la Fiscalía contra el sacerdote salesiano Audín Araya, por abuso sexual de menores, aún con
diligencias pendiente. Ese procedimiento podría prolongarse por varias semanas debido a la cantidad de testigos y peritos que tendrían que declarar.