El Senado argentino comenzó este miércoles a debatir un proyecto del gobierno para “democratización de la justicia”, que entre sus reformas prevé limitar el uso de las medidas cautelares, en el marco de una disputa con el grupo Clarín por una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales.
El debate en una comisión del Senado del proyecto lanzado el lunes por la presidenta Cristina Fernández se realizó con ausencia mayoritaria de la oposición, durante una reunión en la que el oficialismo votó los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura (que nombra y remueve a jueces) y la creación de tribunales de casación.
Se trata de una reforma amplia que incluye varios proyectos, entre ellos darle carácter público a las declaraciones patrimoniales de los jueces, garantizar el ingreso igualitario al Poder Judicial y al Ministerio Público y obligar a publicar todos los fallos de la Corte y de tribunales de apelación.
Estos tres comenzarán a ser tratados la semana próxima por la Cámara de Diputados.
El senador José Cano, del opositor radicalismo (segunda fuerza legislativa), justificó la ausencia de su bloque al sostener que “es un falso debate. En un tema tan importante y trascendente, el oficialismo utiliza los trámites exprés”.
El dictamen aprobado este miércoles prevé elevar de 13 a 19 los integrantes del Consejo de la Magistratura: seis del poder Judicial, seis académicos y seis legisladores, además de un representante por el poder Ejecutivo, estos siete últimos serán elegidos por voto popular.
“Quienes deben discutir son los parlamentarios; es el Congreso el que debe discutir las leyes. Luego de que sean sancionadas puede haber litigios, como hay en toda la legislación. Es muy probable que la Corte tenga que opinar”, advirtió el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, al negarse a opinar sobre la reforma.
En tanto, la regulación de las medidas cautelares, que desató una fuerte polémica, será tratada el jueves en comisión.
“Se trata de superar la indefensión del Estado. En los últimos años ha avanzado una justicia cautelar, rápida y efectiva siempre para los intereses económicos concentrados y nunca a favor del Estado”, jusitificó el proyecto el senador Miguel Angel Pichetto, titular del bloque oficialista.
La reforma pretende que los jueces escuchen no sólo al demandante sino también al Estado antes de resolver un amparo y limita los plazos para que las cautelares no puedan exceder los seis meses, prorrogables otros seis meses.
El gobierno ha denunciado abuso de medidas cautelares en el marco de tres años de batallas judiciales con el grupo Clarín, que frenó con un amparo la aplicación de una cláusula antimonopólica de la ley de medios audiovisuales, hasta que la Corte se expida sobre si la norma es o no constitucional.
Clarín, el más fuerte grupo de medios de Argentina, considera que esa ley votada por el Congreso en 2009 atenta contra la libertad de expresión y contra la propiedad privada.
La Asociación de Magistrados anticipó que hará una presentación en contra por considerar que la reforma de la justicia es inconstitucional.
