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Revelan que Indap compró cosechadoras por $493 millones a empresa vinculada a Ricardo Ariztía

Hans Scott | Agencia UNO
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Un nuevo caso de conflicto de interés afecta al Gobierno, luego que se revelaran los vínculos del actual director de Indap, Ricardo Ariztía, con la empresa que equipó con cosechadoras a agricultores de Bío Bío y La Araucanía, y que, además, fueron devueltas por los beneficiados por no ser funcionales.

El pasado miércoles 23 de enero Indap entregó cuatro “modernas” máquinas cosecheras para las comunidades indígenas Caupolicán de Cañete, Hueche de Los Alamos, Miguel Yevilao de Tirúa y Juan Catrileo de Cañete, según publicó la entidad en su página web.

El objetivo de la iniciativa era ayudar a los pequeños agricultores en las labores de cosecha de 400 hectáreas de cereales durante la temporada estival.

De acuerdo a la información de Indap, “las cosechadoras eran de la marca de origen brasileño Jumil, especialmente fabricadas para la trilla y selección de granos, proporcionando una limpieza de excelente calidad y con un regulador hidráulico que permite uniformar la altura del corte, reduciendo las impurezas del material, además posee un peso reducido que facilita la maniobra del trabajo, principalmente en superficies con pendientes”.

Pese a los buenos augurios, cuatro de las máquinas entregadas en el Bío Bío fueron devueltas -dos de ellas sin armar-, mientras que otras seis corrieron la misma suerte en La Araucanía. ¿La razón? Presentaron fallas técnicas, según publicó Ciper Chile.

Las 20 cosechadoras fueron adquiridas a la empresa Copeval Servicios S.A. mediante licitación, por un monto de 493,5 millones de pesos. Empresa que ya había sido elegida en anteriores concursos públicos, situación que fue advertida en su oportunidad a Contraloría, entidad que estableció que existía conflicto de interés en la operación, debido a que el director Ricardo Ariztía es sobrino de uno de los controladores de Copeval, Manuel Ariztía Ruiz.

Pese a lo determinado con el ente contralor, Indap insistió en hacer uso de los servicios de Copeval para la compra de las cosechadoras, en un contrato que si bien no fue firmado por Ariztía, su resolución no fue informada a Contraloría, como tampoco se expusieron los fundamentos para explicar la decisión al ministro de Agricultura, a la Cámara de Diputados, como tampoco al ente fiscalizador.

Si bien no colocó su rúbrica en el vínculo, la máxima autoridad del Indap participó en etapas posteriores del proceso, incluyendo la entrega de las máquinas. “Una de ellas la entregué personalmente en Coñaripe y allá está cosechando”, indicó a Ciper.

ARIZTÍA RECONOCE PROBLEMAS EN LA COMPRA DE LAS COSECHADORAS

Consultado por el Centro de Investigación Periodística, Ariztía aseguró que técnicos de Indap viajaron al extranjero para evaluar opciones, indicando que “en uno de esos viajes identificamos una máquina que se adecuaba perfectamente para la pequeña agricultura (…). Se llama a licitación, la que tiene su proceso normal a través de nuestro sistema de proveedores, donde el único postulante que se presentó fue Copeval. Y se le adjudicó”.

Destacar que al concurso público sólo se presentó la empresa que en definitiva se llevó la licitación, debido a los requerimientos técnicos que se solicitaron.

Esto último fue ratificado por el gerente general de Copeval, Darío Polloni, quien señaló a Ciper que “fue Indap quien determinó, técnicamente, que quería esas cosechadoras (modelo Jumil 390). La gente de Indap fue en forma directa a visitar la fábrica y a comprar las máquinas a Brasil. En Brasil, la fábrica Jumil les dijo que tenía un representante en Chile: Copeval. Y, por lo tanto, tenían que comprar las máquinas a Copeval. El Indap, entonces, procedió a hacer una licitación pública de estas máquinas. Nosotros participamos y nos adjudicamos la licitación (…). A nosotros nos dijeron “traiga este modelo de máquina” y nosotros licitamos. Una vez que nos adjudicamos la licitación, trajimos ese modelo”.

El principal problema del modelo elegido por Indap, es que la cosechadora necesariamente debe ser utilizada junto a un tractor, puesto que no es autopropulsada. A esto se suma el alto gasto en combustible, la imposibilidad de ser ocupada en pendientes fuertes y el ancho total de ambas máquinas -cerca de 5 metros- que le impide transportarse por los caminos rurales del sur del país.

Esta situación también fue admitida por Ricardo Ariztía, quien contó que “llegamos a la conclusión, en 24 horas, que las máquinas fueron mal asignadas (…). Inmediatamente, fuera de un llamado de atención a nuestros funcionarios por haber asignado de forma tan rápida a gente que de verdad no eran los calificados (…), recogimos las máquinas y fueron derivadas a La Araucanía. En La Araucanía siguió el proceso, también con varias maquinas mal asignadas y con un proceso de cambio y ya se han desviado a Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, lugares donde de verdad hay propietarios a los cuales nosotros apuntábamos”.

Pero más allá de las dificultades técnicas, Ciper reveló que una de las órdenes de compra fue creada 16 días antes de firmar el contrato con Copeval, el pasado 4 de diciembre. Por otro lado, antes que se enviaran dichas órdenes, las cosechadoras ya habían empezado a ser entregadas unos 14 días antes, por lo que la devolución de las máquinas se registró incluso antes de que se emitieran las órdenes.

Otro dato revelado es que el ministro de Agricultura, Luis Mayol, también posee acciones de Copeval S.A. ( 2,1%), aunque en cantidad insuficiente como para configurar un eventual conflicto de interés.

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