Decenas de integrantes de la Policía Comunitaria del estado mexicano de Guerrero (sur) marcharon armados este lunes hasta el centro de Chilpancingo, capital estatal, para unirse por primera vez a los maestros que protestan desde hace semanas contra una reforma educativa nacional, constató la AFP.

Portando escopetas y uniformes de su agrupación, unos 50 policías comunitarios caminaron los 15 km que separan al municipio de Tixtla de Guerrero de la capital Chilpancingo -vigilados por elementos del ejército mexicano y la policía federal- para unirse a los maestros disconformes.

La protesta, que reunió unas 3.000 personas, exigió además la puesta en libertad de Nahum Santos, un mando de la policía comunitaria de Tixtla que había sido detenido la noche anterior en un retén por la posesión ilegal de una pistola.

Las policías comunitarias son grupos de civiles armados que desde hace años han establecido un sistema de seguridad y justicia propios en más de 77 comunidades de Guerrero bajo la práctica de usos y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas.

Durante la protesta de este lunes, el mando fue dejado en libertad provisional bajo fianza y entregado a los policías comunitarios quienes, junto a los maestros, marcharon de nuevo hasta la plaza central de Chilpancingo para exigir la liberación de un profesor detenido el viernes durante el desalojo policial de una autopista bloqueada por los docentes.

La resistencia del colectivo de maestros de Guerrero contra la reforma educativa nacional sigue creciendo en intensidad y para el miércoles está convocada otra jornada de protestas, incluida una marcha en Ciudad de México.

Los maestros dicen contar con el apoyo de varios sectores, entre ellos organizaciones de indígenas, trabajadores de otras áreas y las policías comunitarias.

La reforma educativa, aprobada por los principales partidos políticos en diciembre, contempla un sistema de evaluación de profesores para que sean contratados y ascendidos por sus cualidades profesionales y no por designación sindical, como ha sucedido durante décadas, entre otras medidas.

Los maestros aseguran que no se oponen a la reforma en su totalidad, sino que piden que algunas aplicaciones, como las evaluaciones tomen en cuenta las condiciones laborales y sociales de cada región.