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En medio de deudas viven los comerciantes saqueados tras el 27F en Concepción

Archivo | Alonso Arellano (C)
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Una de las últimas cartas intentan jugar los comerciantes saqueados tras el terremoto de 2010, luego de fracasar las vías seguidas para obtener ayuda gubernamental o indemnizaciones que les permitieran palear los daños sufridos. A través del diputado Frank Sauerbaum buscan reunirse con el Consejo de Defensa del Estado. El objetivo es solicitar una reparación económica que los alivie de las deudas que mantienen ya desde hace tres años y que amenazan sus micro y medianos emprendimientos.

El abogado Julio Grandón junto a tres colegas representan a un medio centenar de comerciantes que perdieron todo o gran parte de sus negocios en Talcahuano, Lota, Coronel y San Pedro el 27F.

Por ellos el equipo de juristas presentó cinco demandas judiciales contra el Estado, denunciando que al no desplegar el gobierno a las Fuerzas Armadas ante el clima de caos tras el terremoto se permitió el impune actuar de los saqueadores.

Ese argumento, sin embargo, ha sido desechado por los tribunales, acogiendo el argumento de los abogados del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a que se utilizaron todos los medios disponibles.

Los resultados han sido negativos, aunque el abogado Grandón y sus clientes no pierden la esperanza en que tribunales superiores reviertan los fallos de primera instancia.

Paralelamente a las apelaciones interpuestas, los afectados decidieron buscar el apoyo del diputado Sauerbaum. Y aunque el abogado Grandón reconoce que no es fácil que el Consejo de Defensa entienda la solicitud, más cuando el organismo está recibiendo el respaldo de los tribunales, cree que deben acudir a todas las instancias que puedan.

Esas víctimas olvidadas del terremoto, representadas por Grandón, sufrieron daños muy por encima de los 500 millones de pesos. Aseguran que acogiendo las promesas del gobierno, se acercaron sin resultado a servicios como Sercotec y Corfo.

Patricia Novoa, dueña de Superpollito en Lota, quien perdió alrededor de 80 millones de pesos, dijo que fueron rechazadas las postulaciones de ayuda de muchos saqueados.

En su caso, si bien pudo reabrir su negocio, a tres años del terremoto sigue ahogada por las deudas.

Un peor desenlace tuvo Patricio Lagos, quien de ser dueño de una carnicería, una rotisería, una panadería y una pastelería, hoy se desempeña como obrero de la construcción.

Lo que pide otra de las víctimas, Edith Medina, es que al menos el Consejo de Defensa del Estado u otro ente fiscal se allane a apoyarlos con el pago de las deudas.

El diputado Frank Sauerbaum, al informar hace unos días el inicio de las gestiones en favor de los saqueados, dijo que sus casos debían ser atendidos ante la indefensión en que quedaron en comparación con la ayuda que se entregó a otros afectados por el 27F.

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