A casi dos semanas de que se anulara el fallo en el caso Alto Río, conociéndose ya la fecha que el nuevo juicio comenzará el próximo 5 de agosto, persiste la discusión sobre el trabajo de los jueces que absolvieron a siete de los acusados por el desplome del edificio, condenando sólo al ingeniero calculista.
Fueron cuatro meses de audiencias, con la intervención de una docena de fiscales y abogados, y el interrogatorio a un centenar de testigos. La conclusión a la que arribaron los magistrados de ese juicio fue desechada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Abogados que han leído la sentencia del tribunal de alzada, comentan que los argumentos son demoledores respecto de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal penquista, Nancy Vargas, Adolfo Cisterna y Silvia Mutizábal.
Consultado el ministro Diego Simpértigue si los errores graves por los que se anula un fallo no son antecedente para una medida disciplinaria, fue categórico.
El vocero de la Corte de Concepción sostuvo que un error es distinto a una irregularidad o una arbitrariedad, por lo que desechó que el Pleno analizara la labor de los magistrados.
El presidente del Colegio de Abogados, Jorge Cáceres, indicó que la administración de justicia no es una ciencia exacta, y que la distinta apreciación de las pruebas es lo que pesa y lo que se impone al momento de fallar una causa.
Serán entonces otros cuatro meses de audiencias nuevamente, debiendo el Fisco desembolsar importantes recursos para repetir el procedimiento. Al respecto, el ministro Simpértigue indicó que esto es previsto por el sistema.
A partir del 5 de agosto volverán así al Tribunal Oral, en una sala con jueces distintos -conformada hasta ahora por Loreto Israel, Jorge Díaz y Vivian iza-, así como los fiscales, los abogados y todos los testigos.
Tendrán la responsabilidad de determinar si los ocho acusados por las muertes y lesiones ocurridas por la caída del Alto Río son o no responsables de la mala construcción del edificio, acreditada por un peritaje que la Fiscalía encargó al Idiem.
