La Fiscalía descartó la tesis de “bala loca” en la muerte de Juan Pablo Jiménez, y aseguró que fue un homicidio perpetrado por un menor de edad, que participaba de una riña a un kilómetro de distancia de la empresa Azeta, donde apareció muerto el dirigente sindical.
La familia de la víctima manifiestó que no están conformes con la investigación que lleva el Ministerio Público, al calificar de “débil” la teoría que plantean.
Durante esta jornada fue formalizado por homicidio y tenencia ilegal de municiones en el Hospital Barros Luco, el menor de edad sindicado como el presunto autor del disparo que provocó la muerte del sindicalista de la empresa Azeta, Juan Pablo Jiménez Garrido.
El procedimiento judicial se desarrolló en el recinto asistencial, porque el imputado de iniciales J.B.P.M se recupera de ocho heridas a bala tras participar de un enfrentamiento el sábado anterior en la comuna de San Joaquín.
El fiscal que investiga este caso, Sergio Arévalo, le imputó cargos al adolescente por lo ocurrido el 21 de febrero en San Joaquín, donde tras participar de una riña efectuó varios disparos y una de las balas, según el Ministerio Público, causó la muerte del dirigente Juan Pablo Jiménez.
En ese sentido, el fiscal Arévalo estimó que con las pruebas que ha recabado, se fundamenta la eventual responsabilidad del joven, por lo que descartó que la muerte de Jiménez sea a causa de la primera teoría que presentó la PDI, la“bala loca”.
Hipótesis que no dejó conforme a la familia de Jiménez. Su esposa, Ximena Acevedo, calificó de “débil” la teoría presentada por el Ministerio Público.
La abogada de la familia de la víctima, Margarita Peña, tras sostener una reunión con la cónyuge de Jiménez. durante esta tarde, determinó que buscarán peritos profesionales y a un equipo especial para verificar la investigación de la Fiscalía.
En ese contexto, el abogado defensor del imputado, Patricio Cofré, cuestionó el vínculo que busca establecer el minsterio público con el crimen de Juan Pablo Jiménez.
Mientras, la jueza del Décimo Juzgado de Garantía, Alejandra Apablaza, dictaminó 60 días de plazo de investigación y la internación provisoria del menor en un centro del Servicio Nacional de Menores.
