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Familiares de víctimas de la tragedia en Juan Fernández demandan al Estado

Archivo | FACH/AGENCIAUNO
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Una demanda civil contra el Estado “por la acción negligente de funcionarios de la Fuerza Aérea”, interpusieron las familias de cuatro de las víctimas del Casa 212, quienes exigen un total de 3 mil 700 millones de pesos de indemnización.

La acción civil se dedujo en representación de los parientes del deportista, Joel Lizama, que pertenecía a la fundación Desafío Levantemos Chile; de Flavio Oliva, cabo de la FACh; de Romina Irarrázabal, funcionaria del Consejo de la Cultura; y del camarógrafo de TVN, Rodrigo Cabezón.

La víctimas iban a bordo del avión CASA 212 que se estrelló en Juan Fernández la tarde del 2 de septiembre de 2011, donde murieron además otros 17 pasajeros.

En la demanda, interpuesta ante el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de la capital, se aduce a la responsabilidad en el accidente de los pilotos de la FACh, los tenientes Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández, acreditada por el ministro en visita Juan Cristóbal Mera.

Gracias a los peritajes encargados por el juez, se llegó a la conclusión que uno de los factores determinantes del accidente fue la baja altura en que volaron ambos pilotos para acercarse a la pista de la Isla Robinson Crusoe. El otro motivo, según la investigación, fueron los fuertes vientos que se registraban a la hora que el CASA 212 intentaba aterrizar.

Asimismo en el libelo se agrega el sumario realizado por la institución, donde se sancionó a 13 oficiales, por errores en la planificación del vuelo fatídico a la Isla Robinson Crusoe.

La abogada que elaboró la demanda, Pía Unda, manifestó que para ellos son evidentes las responsabilidades en esta tragedia aérea “aquí hubo múltiples factores, como el factor humano, falta de procedimientos para volar a la isla, que ahora existen, hubo fallas en la planificación del vuelo, son múltiples razones que concatenadas nos hacen concluir que hay responsabilidad del Estado”.

La abogada detalló que la suma de 3 mil 700 millones de pesos que piden de indemnización se definió, porque son trece los familiares que demandan, que exigen entre 300 millones de pesos, en el caso de las cónyuges de las víctimas, y 200 millones para padres, hermanos e hijos.

El lunes recién pasado, los abogados que representan en el ámbito penal a los familiares de la tripulación y pasajeros de este vuelo recurrieron a la Corte Suprema para reabrir la investigación.

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