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Comunidad gay de México avanza en estrategia para lograr matrimonios en provincias

Hans Scott | Agencia UNO
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El matrimonio de dos mujeres celebrado en la ciudad mexicana de Oaxaca (sur), tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia, forma parte de una estrategia judicial de la comunidad gay que considera que la vía legislativa está cerrada por el momento.

En diciembre de 2009, la Ciudad de México se convirtió en la primera de América Latina en aprobar el matrimonio gay, pero hasta ahora esa legislación no se ha replicado en ninguna otra ciudad mexicana.

“Ante la indiferencia y discriminación de los partidos políticos y del Ejecutivo federal, nos queda claro que la vía legislativa está cerrada para nosotros, y que sólo tenemos la judicial, y eso es lo que estamos haciendo recurriendo al amparo”, dijo este viernes a la AFP Jaime López, presidente de la organización Agenda LGBT.

Hace un año y ocho meses Liz y Montse -que festejaron una boda privada el pasado 22 de marzo en Oaxaca- presentaron su solicitud de matrimonio ante el Registro Civil del estado de Oaxaca, pero les fue negado debido al Código Civil estatal que sólo permite el matrimonio “entre un solo hombre y una sola mujer”.

Fue entonces que decidieron recurrir al máximo tribunal del país, ante el que interpusieron un amparo.

En diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa legislación local atenta “contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad”.

Otras dos parejas de homosexuales se vieron obligadas a recurrir al mismo trámite judicial, de acuerdo con un comunicado del jueves del Frente Oaxaqueño por el Respeto y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual.

“Se debe hacer un proceso de armonización legislativa que garantice los derechos de todas las personas a optar al matrimonio en condiciones de libertad”, comentó a la AFP Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El matrimonio de las tres parejas de Oaxaca “es parte de nuestra estrategia. Estábamos esperando que pasaran (las bodas) para presentar más amparos en varios estados de México, tenemos preparados ya 15 casos más”, añadió Vela, que también es abogado.

“Mientras no haya una jurisprudencia en las entidades federativas (las bodas) se tendrán que hacer mediante amparos. Pero, definidos estos tres primeros (matrimonios de Oaxaca) por la Suprema Corte, el resto serán resueltos en la misma línea”, consideró a su vez Bucio.

Jaime López destaca que el “logro de los matrimonios en Oaxaca” estuvo precedido de “uno también muy importante obtenido la semana pasada cuando a partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) un matrimonio de la Ciudad de México logró el reconocimiento de su derecho al seguro social”.

En total en México se han efectuado 2.274 matrimonios gays, pero sólo una docena cuenta con beneficios del seguro social, obtenidos mediante amparos que no sentaron jurisprudencia.

“El caso de la familia del Distrito Federal abre la posibilidad de que ahora podamos logar obtener los beneficios del seguro social para las familias (gays) mediante un proceso administrativo que es más barato y más rápido que un amparo”, expuso López.

Jaime López dijo que han presentado una iniciativa a senadores para que se legisle el derecho a seguridad social para matrimonios del mismo sexo, dado que la única iniciativa que ha llegado al Congreso se estancó hace tres años en la Cámara alta.

“Esta iniciativa incluye que se reconozcan el derecho a seguridad social de las familias (homosexuales) incluso en concubinato”, concluyó el activista.

Tras la aprobación de la reforma legislativa al Código Civil de la Ciudad de México en diciembre de 2009 -gobernada entonces y ahora por el Partido de la Revolución Democrática, izquierda-, la fiscalía federal interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.

Uno de los principales argumentos de la fiscalía fue que la legislación para las bodas gays viola los derechos fundamentales de los niños que pudieran ser dados en adopción a esas parejas.

Pero en agosto de 2010 la Suprema Corte de Justicia decretó que los matrimonios gays son constitucionales y ratificó su derecho a la adopción.

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