Como absolutamente insuficiente calificó el Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas, el Fondo de Desarrollo del Norte (Fondenor), iniciativa cuyo objetivo es compensar a las regiones mineras por el impacto de la actividad.
El dirigente, cuya organización mantiene bases en las principales ciudades mineras del país, señaló que el fondo de US$ 225,4 millones, programado para ser utilizado durante los próximos 13,5 años, es “absolutamente insignificante si se considera el rango de las utilidades percibidas por las mineras estatales y privadas y los altísimos costos que cargan a los municipios en materia de salud, infraestructura y a los propios trabajadores y sus familias, que por ejemplo aquí en Calama no tienen prácticamente lugares de recreación, ni un terminal de buses acorde con la riqueza que se produce”.
Según el cálculo entregado por la CTC, dicho fondo se utilizará a razón de US$ 16,7 millones anuales, distribuidos entre las nueve regiones que el Ministerio de Hacienda consideró beneficiarias.
A su vez, éstas deberán repartir a sus comunas en razón de su población, de tal manera que por ejemplo a los habitantes de Calama le corresponderá una cifra similar a US$ 480 mil anuales, equivalentes a unos 230 millones de pesos.
Para el presidente de la CTC, la situación de fondo es que “la inmensa riqueza que posee Chile, no está puesta al servicio del país y de su gente, dado que el proceso de privatización que ha sufrido la industria ha llevado al Estado a controlar apenas un tercio del cobre que se produce en el país”.
“Se redobla la necesidad de la renacionalización del cobre, y también de una reforma tributaria que incluya un impuesto permanente y exclusivo para las comunas mineras, que den una respuesta a la altura de lo que se está pidiendo. Otra cosa es burlarse de la gente”, enfatizó.
Cuevas sostuvo que “si se relaciona sólo el costo que ha debido cargar Calama, como resultado del traslado del campamento Chuquicamata, el aporte del fondo resulta casi ridículo y sólo se entiende por la necesidad del Gobierno de responder a la movilización que la ciudadanía y los trabajadores han llevado adelante reclamando por un royalty, que no tiene relación ni en forma ni en monto con el Fondenor, que es una imposición vertical y sin consulta ciudadana”.
