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Víctimas del 27F de ocho localidades serán excluidas en cargos contra ex autoridades de Bachelet

Sebastián Rodríguez | Agencia UNO
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Víctimas de ocho localidades azotadas por el maremoto del 27 de febrero de 2010 serán excluidas de los cargos por cuasi delito de homicidio que enfrentan ocho ex autoridades del gobierno de la ex presidenta, Michelle Bachelet. El detalle de esta decisión de la fiscal Solange Huerta se conocerá en la audiencia que se inicia mañana lunes en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y que se podría prolongar hasta el miércoles.

Hace doce días la fiscal a cargo de la investigación comunicó esta medida, luego de conocer un informe de la Policía de Investigaciones que determinó nuevas presuntas responsabilidades por los errores en la alerta de Tsunami.

Sin embargo, esos antecedentes fueron remitidos a la justicia militar, ya que se estarían entregando datos sobre responsabilidades de altos mandos de la Armada.

La Fiscalía determinó excluir de los 156 fallecidos y de los 25 desaparecidos, a las víctimas de Santo domingo, Pichilemu, Litueche, Pelluhue, Cañete, Tirua, Lebú y tres sectores de Talcahuano, correspondientes a Caleta Tumbes, Puerto Inglés y La Cantera.

Lo anterior, porque se concluyó que en esos lugares se produjeron víctimas por la inmediatez de la llegada de las olas y no por fallas en la alerta, por lo cual están formalizados ocho ex autoridades; entre éstas, el ex Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex Directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández.

Alfredo Morgado, abogado de la mayoría de los familiares de las víctimas, valoró que la fiscal Huerta haya precisado los hechos.

Carlos Ferlie, jurista que representa a parlamentarios oficialistas querellantes en la causa, manifestó que la segunda declaración que prestaron en el proceso la ex presidenta Bachelet y el ex Ministro del Interior, Edmundo Perez Yoma, ratifica que el mando estaba en manos de Rosende.

El cierre de la investigación lo pidieron tres imputados: Andrés Enriquez, ex asesor técnico del director del SHOA, Rosende y Carmen Fernández.

La abogada de Enriquez, Paula Vial, adelantó que pedirán suspender la audiencia de sobreseimiento para evaluar bien los datos que entregará la fiscal Huerta.

Apuntar que el cierre de esta investigación, para pasar a la acusación y a la preparación de juicio oral, fue fijado por la justicia para el 17 de abril de 2013.

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