Las comunidades mapuche huilliche del río Pilmaiquén interpusieron una denuncia contra el Estado por violación a la libertad de culto -estipulada por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras cartas internacionales que protegen a los pueblos originarios-. Esto, debido a que por disposición de tribunales no pueden acceder al sitio donde se emplaza el centro ceremonial Kintuante, amenazado de ser inundado por una central hidroeléctrica.
La acción fue despachada luego de que se cumplieran seis meses desde que la Corte Suprema revocara la determinación de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la cual había acogido el recurso de protección interpuesto por los comuneros permitiéndoles el ingreso con fines espirituales y religiosos al terreno donde se emplaza el centro ceremonial. El sector ha sido el foco del conflicto entre las comunidades indígenas y la empresa Pilmaiquén S.A. que busca instalar la central hidroeléctrica Osorno, dejando bajo el agua el sitio sagrado.
Sergio Fuenzalida, abogado coordinador del programa de Derechos Humanos de la escuela de Derecho de la Universidad Central y quien asesora a las comunidades del Pilmaiquen explicó que la determinación de la Corte Suprema viola una serie de cartas internacionales ratificadas por el Estado chileno.
De acuerdo al profesional, lo que queda ahora es que la Comisión Interamericana de Derechos humanos estudie la admisibilidad de la denuncia, para posteriormente solicitar las explicaciones al Estado, que podría ser sancionado por violación a los derechos humanos.
La denuncia tiene como fundamento el preservar la integridad del territorio donde se emplaza Kintuante, que incluso ha sido víctima de la tala de árboles centenarios que hasta el año pasado integraban su ecosistema. Además, con la determinación de la Corte Suprema, las comunidades no tienen autorización de entrar al sector y realizar las actividades propias del guillatun mapuche huilliche.
