El chileno Rodrigo Ruiz, delantero de Estudiantes, confía en que su carrera de 19 años en el balompié mexicano no se vea manchada por la investigación a 43 jugadores, incluido él, señalados de cobrar indebidamente incapacidades laborales en el seguro social mexicano.

“No tengo mucho qué decir, aparecí ahí, no sé por qué, pero estoy tranquilo, no tengo miedo ni mucho menos, no creo que sea algo que vaya a ensuciar mi carrera”, dijo el ‘Pony’ Ruiz en declaraciones publicadas este sábado por la prensa mexicana.

“La gente que está a cargo de esto tiene que llegar al fondo y si es necesario yo estoy abierto a colaborar”, añadió Ruiz al exhortar a las autoridades correspondientes encontrar y presentar a los responsables.

“Esto molesta, pero tampoco es una cuestión que sea para alarmarse en mi caso. Si tuviera algún grado de culpabilidad por supuesto que lo asumiría”, dijo Ruiz quien llegó a México en 1994 para el Puebla. Desde entonces ha jugado para clubes como Toros Neza, Santos, Veracruz y actualmente, a sus 40 años de edad, con Estudiantes en la Liga de Ascenso.

Además del chileno Ruiz, entre otros jugadores que aparecen en la lista de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran el argentino Rubens Sambueza, ex jugador de Estudiantes y actualmente mediocampista del América, y Marco Fabián, volante del Guadalajara.

Este escándalo del cobro indebido de incapacidades laborales surgió en días pasados cuando el diario Milenio señaló que cinco jugadores que juegan o jugaban para el Atlas habrían incurrido en ese ilícito sin estar lesionados.

Cuando un trabajador causa baja laboral por enfermedad no atribuible a su empleo, el seguro social le paga una parte de su salario.

Los jugadores señalados en un principio fueron el portero Alejandro Gallardo, el defensa Christian Sánchez (Estudiantes), los medios Ricardo Bocanegra, Christian Díaz (Leones Negros) y Flavio Santos (ahora con Toluca).

Por lo pronto, en un comunicado de prensa el Atlas dijo que ya manifestó ante el seguro social “de manera tajante no tener conocimiento de la existencia de los referidos certificados de incapacidad”.

El seguro social, por su parte, ha cesado a 16 de 38 funcionarios investigados por haber expedido certificados ilegales de incapacidad entre enero de 2011 y agosto de 2012.