El Senado argentino convirtió en ley por unanimidad este miércoles un proyecto que sanciona con penas de prisión a quienes promuevan el trabajo infantil, informó la página digital del Congreso.
La norma contempla penas de uno a cuatro años, pero exceptúa a los padres, tutores o encargados de los menores.
“La persecución debe estar dada a esos empresarios que explotan a los niños para sacar provecho económico”, dijo Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.
El proyecto modifica el Código Penal y establece que será reprimido con prisión “de uno a cuatro años” al que se aproveche económicamente del trabajo de un “niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”.
Sobre la decisión de no penar a los padres o responsables de los menores, Guastavino explicó que “mal podemos ayudar a ese sector vulnerable persiguiendo penalmente” a los progenitores o “metiéndolos presos”.
En Argentina, el 6,5% de los niños de entre cinco y 13 años trabaja en actividades equivalentes al trabajo adulto, el 4,1% produce bienes primarios y el 11,4% hace tareas domésticas, según los últimos datos oficiales que datan de 2004.
La gran mayoría de esos menores trabaja en el campo o realiza trabajos domésticos en zonas urbanas.
