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Dirigentes sindicales acusan al Gobierno de intentar ejercer Ley Hinzpeter en Los Lagos

Luis Villegas (RBB)
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Los dirigentes sindicales de la CUT y del Colegio de Profesores de Puerto Montt acusaron que el Ministerio del Interior intentó ejercer sin éxito la Ley Hinzpeter en la provincia de Llanquihue y que las acciones legales interpuestas hacia los organizadores de las marchas estudiantiles sólo buscan despotenciar el movimiento.

Las declaraciones fueron hechas por el dirigente de la CUT provincial de Llanquihue, Jaime Bustamente, y por LA presidenta comunal del Colegio de Profesores en Puerto Montt, Rosalía Ulloa, luego que llegara a su fin una querella que el Ministerio del Interior interpuso contra ellos y otros dos dirigentes de cada una de dichas colectividades en diciembre del año pasado.

Esto en el contexto de una marcha estudiantil realizada la mañana del 19 de agosto de 2011 por las calles céntricas de Puerto Montt, jornada en la cual se registraron violentos desórdenes en la vía pública, produciéndose también daños contra la propiedad privada.

Tras 110 días de investigación la querella se dio por cerrada, luego que el Ministerio Público, representado a través de la abogada de la Gobernación Provincial de Llanquihue, no perseverara en la causa por falta de antecedentes, lo que para Jaime Bustamante representa un fallido intento del Gobierno por ejercer en la zona la denominada Ley Hinzpeter.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesores de Puerto Montt, Rosalía Ulloa, expresó la preocupación de los dirigentes quienes se sienten perseguidos por las autoridades, algo que no ocurre en otras comunas del país asegura, añadiendo que las acciones legales interpuestas por el Gobierno contra los convocantes de las marchas sólo buscan despotenciar el movimiento estudiantil.

Al respecto, el gobernador provincial, Francisco Muñoz, señaló que no merece ser juzgada la interpretación política de los dirigentes, puesto que ellos autorizan la realización de marchas sin diferenciar entre colores políticos, aclarando además que las querellas no buscan necesariamente culpar a los dirigentes por los desórdenes, sino establecer sus responsabilidades como convocantes.

La autoridad además descartó que sólo en esta provincia se estén iniciando acciones legales contra los convocantes de las marchas estudiantiles, sino que el Ministerio Público actúa -dijo- cada vez que ocurren desórdenes y daños, así como también se formaliza a los detenidos en las marchas.

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