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Entre 100 mil y 300 mil pesos recibirían quienes entreguen sus armas de fuego de aprobarse proyecto

Hans Scott | Agencia Uno
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Una compensación económica podrían recibir quienes decidan entregar sus armas ilegales al Ministerio del Interior de aprobarse la iniciativa que impulsa esta cartera, que pretende reducir el número de delitos comunes que se cometen con armas de fuego.

Las personas que se acojan al proyecto impulsado por el Gobierno, que pretende cambiar armas ilegales por dinero, podrían recibir entre 100 mil y 300 mil pesos.

Esta iniciativa es una de las modificaciones que se pretende aplicar a la Ley de Control de Armas, y tiene por objetivo facultar al Ministerio del Interior para hacer campañas de retiro de armas inspirada en leyes internacionales que utilizan este recurso para bajar las cifras de armas ilegales que circulan en el país.

El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, aclaró que la medida apunta únicamente a las armas de fabricación industrial y no “hechizas”. Además, la autoridad agregó que si bien se han realizado otras campañas de este tipo, no han dado los resultados esperados, por lo tanto con esto se pretende lograr un retiro masivo.

Lira explicó que al momento de hacer la entrega del armamento se podrá mantener en reserva la identidad de la persona que realiza la devolución, para que éstas asistan con plena libertad a participar de la iniciativa.

Asimismo, el Ministro del Interior expresó la necesidad de que este proyecto sea aprobado por el Congreso y aseguró que el Gobierno tiene la intención de que se ponga en marcha lo antes posible.

En esta línea, el Jefe de Gabinete se refirió a la reducción de los índices de victimización durante el 2012, entregados por Paz Ciudadana en conjunto con Adimark.

Chadwick aseguró que los resultados son mejores que los del Gobierno anterior.

Sin embargo, el diputado Felipe Harboe, ex subsecretario del Interior del Gobierno de Michelle Bachelet, desestimó los dichos de Chadwick afirmando que el Ministro se equivoca, pues la tendencia durante el gobierno anterior fue la disminución de la victimización.

De acuerdo al informe realizado por Paz Ciudadana, en la Región Metropolitana los índices de victimización que presentaron mayores bajas fueron San Miguel, Providencia, La Reina, Vitacura, Peñalolén, Cerro Navia y San Joaquín.

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