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27F: Cuando los casi no bastan

Fundación Terram (c)
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A tres años del 27F, casi hemos instalado todos los letreros para señalizar las vías de evacuación en caso de tsunami, casi hemos hecho lo mismo para las erupciones volcánicas, hemos comenzado a implementar el sistema de alerta a través de teléfonos celulares y avanzamos en la creación de la nueva Agencia Nacional de Emergencia que avanza lento por las salas del Parlamento.

En efecto, muchos casi, iniciativas que ni siquiera se acercan a su término e incluso la “privatización” de una de las iniciativas estrella es el no tan alentador panorama de este tema de vida y muerte: la prevención y preparación para los otros desastres naturales que inevitablemente seguirán afectando nuestro país.

Por lo menos se han adoptado algunas medidas de sentido común, como la habilitación de las oficinas de la Oficina Nacional de Emergencia las 24 horas del día y no sólo en horario de oficina, como era anteriormente; la entrega de sistemas de telefonía satelital; la coordinación con los sistemas de comunicaciones del Ejército y ejercicios permanentes para probar su operatividad (lo que aseguraría que no se repita el bochornoso hecho de que pre 27F los teléfonos satelitales no se sabían utilizar y/o estaban guardados en sus cajas) y la coordinación con los medios de comunicación.

Además, al parecer el personal del SHOA ha aprendido a detectar adecuadamente y avisar correctamente los eventos de emergencia que vienen del mar, y la Fuerza Área para la próxima vez no demoraría horas en poner disponible una nave al Presidente o Presidenta de la República.

Veamos algunos ejemplos aparecidos recientemente en el matutino mayor, que daba detalles del nivel de avance de algunas iniciativas. ¿Cómo se justifica que a tres años del terremoto sólo estén instalado el 70% de los letreros para evacuar en casos de tsunami y erupciones volcánicas? No debiera ciertamente ser una iniciativa muy costosa.

¿Y que tal la calidad de la información? En el pueblo de Santa Bárbara, por ejemplo, el letrero existe: Mapa de Riesgo, Comuna de Santa Bárbara, dice el letrero, pero ¡el resto se encuentra vacío!. ¿Será este letrero parte del 99,99% (curiosa cifra) de señalética que según las autoridades estaría habilitada entre las regiones I y VIII?

Y ¿por qué sólo algunas de las sirenas para alertar de tsunamis están funcionando? En la región del Maule, por ejemplo (donde hubo la mayor cantidad de víctimas por el tsunami), sólo estarían instaladas 8 de las 17 planificadas.

Otra tarea prometida pero no cumplida es quizás aun más preocupante. Es lo que sucede con el sistema de alerta temprana por mensajes de texto, que la prensa informa que “según las autoridades y expertos son el medio más seguro y fiable en medio de una crisis”.

El año 2010 el Gobierno, a través de la Subtel, anunció que para fines del 2011 estaría operativo un sistema que permitiría que los habitantes de regiones y/o sectores muy precisos recibieran en sus celulares un mensaje de texto alertando de un evento de emergencia. Se anunció al poco tiempo la licitación a una empresa israelí.

Excelente iniciativa para un país con la penetración de telefonía celular que tiene el nuestro y con una tecnología que no debiese caerse con los terremotos. Pero hoy, a tres años del terremoto y a dos años del plazo anunciado inicialmente, descubrimos que, según la reciente evaluación aparecida en la prensa “el sistema de alerta masiva vía celulares (SAE) es actualmente compatible sólo con el 10% de los equipos”, y que no se sabe cuando se alcanzaría al 75% de los usuarios.

Más preocupante aún es que una institución privada, por un costo, bajo, pero costo al fin, estaría ofreciendo el servicio que fuera licitado por el gobierno. El año recién pasado la ONG Red Nacional de Emergencia anunció su sistema de alerta basado en los avisos de las autoridades por el módico precio de $150 pesos semanales (7.200 anuales). Pero, ¿es que no pagó el gobierno una cifra millonaria a una empresa extranjera para que fuera implementado este sistema que debía estar funcionando a fines del 2011 y que sería gratuito para el usuario? ¿No sería esto lisa y llanamente un ejemplo de privatización de los servicios de emergencias?

No basta entonces con lo hecho hasta ahora. Todos sabemos que es un asunto de vida y muerte, de manera que no está demás seguir exigiendo que el Gobierno cumpla con una de sus principales obligaciones, que lamentablemente no cumplió en el desastre que nos aterró hace tres años.

Por Cristian Opaso, Periodista Colaborador Fundación Terram

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