La Municipalidad de Concepción deberá cancelar alrededor de 100 millones de pesos por despedidos injustificados, los que fueron acreditados por la Corte Suprema tras analizar un recurso por el caso de 10 funcionarios despedidos al asumir en el 2000 la ahora ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe.
La sentencia surge mientras la Corte de Apelaciones de Concepción tramita denuncias similares contra los jefes comunales que asumieron en diciembre pasado, y al mismo tiempo que la Contraloría califica como ajustadas a la legalidad desvinculaciones, por ejemplo, en el municipio de Penco.
La resolución del máximo tribunal, en el caso de 10 despidos ocurridos en diciembre de 2000, señala que fueron ilegales y arbitrarios, pues los contratos de ese personal estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 2001.
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, recordó que el pronunciamiento es de la Corte Suprema, la última instancia en materia judicial.
El trámite en esta demanda estuvo a cargo de los abogados de la administración Van Rysselberghe. Las desvinculaciones fueron defendidas por la ex alcaldesa, al explicar que recibió de su antecesor, Ariel Ulloa, una Municipalidad con un exceso de funcionarios, a muchos de los cuales el hoy concejal extendió el contrato poco antes de entregar el cargo.
