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Muerte de Juan Pablo Jiménez saca a flote críticas contra ley de subcontratación

Francisco Castillo | Agencia Uno
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La muerte de Juan Pablo Jiménez reavivó las criticas que una serie de organizaciones sindicales realizaron a la ley de subcontratación, puesto que -según dicen- quedó claro que la empresa, Chilectra, no cumplía con su responsabilidad de exigir a Azeta que velara por la seguridad de sus trabajadores.

Desde la Dirección del Trabajo señalaron que han cumplido íntegramente su rol y que toda la información que se maneja permite sostener que Azeta cumplía con la ley.

El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, aseguró que el crimen del dirigente sindical se inscribe dentro de los muchos casos en los que queda claro que las empresas no tienen las normas mínimas para la protección de sus empleados. Al mismo tiempo, insistió en que los altos mandos eluden su responsabilidad legal por falta de fiscalización efectiva.

Esta posición fue compartida por Néstor Sepúlveda, vicepresidente de la Federación de Trabajadores Contratistas de la Empresas Eléctricas, quien añadió que constantemente los funcionarios que presentan servicios en las grandes empresas son totalmente ignorados.

Sepúlveda, que además era compañero de labores de Juan Pablo Jiménez, explicó que -a su parecer- ambas empresas fallaron gravemente.

Felipe Chamorro, presidente del Sindicato de Complemento que agrupa a subcontratados del Retail, comentó a La Radio que en ese rubro se da una situación muy similar.

Por lo mismo, solidarizó con la familia y compañeros de Juan Pablo Jiménez, añadiendo que Chilectra ha actuado con indolencia.

Desde el Ministerio del Trabajo no han querido involucrarse en este debate, puesto que temen que afecte la investigación principal sobre las condiciones en que murió Jiménez.

Evelyn Matthei, sin embargo, señaló que la Dirección del Trabajo ha cumplido su papel fiscalizador y que no existen antecedentes de prácticas antisindicales.

La Radio intentó obtener un balance sobre el funcionamiento de la ley de subcontratación, pero tanto los entes fiscalizadores como el Ministerio no cuentan con cifras actualizadas que permitan sacar conclusiones.

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