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Decretan sobreseimiento en caso contra testigo clave de supuesta red de corrupción en Policías

Archivo | Francisco Castillo – Agencia UNO
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La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la investigación contra Paula Gamboa y su grupo familiar por el homicidio frustrado del detective Fabián Arévalo Sepúlveda, hecho registrado el 22 marzo de 2012 en la comuna de Pudahuel.

Gamboa, acusada de apuñalar al detective Arévalo, fue denunciante de la supuesta red de corrupción conformada por detectives de la Bicrim Pudahuel, en un caso que también involucró a cuatro funcionarios de Carabineros que fueron dados de baja por efectuar un procedimiento con características similares en agosto del año pasado en la residencia familiar de “La Rucia”.

El sobreseimiento fue una decisión adoptada en forma unánime por los ministros Juan Escobar, Alejandro Madrid y el abogado integrante David Peralta. El fallo ratifica que la mujer, que cuando ocurrieron los hechos presentaba un embarazo de seis meses, actuó en defensa propia en respuesta al ingreso ilegal a su domicilio en la comuna de Pudahuel, y a agresiones por parte de un grupo de funcionarios de la PDI que supuestamente desarrollaban un operativo por una denuncia anónima de microtráfico.

De este modo, el tribunal de alzada confirma la resolución adoptada por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 23 de enero, fecha en que el defensor penal público Cristián Mardones solicitó el sobreseimiento de su representada, petición a la cual se allanó el Ministerio Público.

El pasado 28 de diciembre la Corte de Apelaciones ya había confirmado el sobreseimiento de la investigación por tráfico de drogas iniciada por el Ministerio Público a partir de los antecedentes falsos entregados por la Brigada de Investigación Criminal Pudahuel, en relación al mismo allanamiento.

Al igual que en el caso del homicidio frustrado, el fallo estableció que los policías actuaron sin orden judicial ni autorización, por lo que el procedimiento resultó declarado ilegal a solicitud de la misma Fiscalía Occidente.

A partir de estos hechos y tras una investigación de siete meses, la Fiscalía Occidente formalizó el 18 de octubre a diez funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y la Brigada Móvil de la PDI por los delitos de omisión de denuncia, detención y allanamiento ilegal, apremios ilegítimos e inducción al tráfico de drogas.

Mañana martes a contar de las 11:00 horas se desarrollará una audiencia ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago para discutir el aumento de plazo de la investigación, solicitada por el fiscal del caso Emiliano Arias, en donde también se discutirá el sobreseimiento requerido por la defensa de uno de los imputados.

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