Dos mujeres presentaron una demanda contra Carabineros en Osorno, asegurando que “se aburrieron” de esperar que la institución les cancelara sus últimos 2 meses de sueldo, además de sus cotizaciones de seguridad social y años de servicios tras su despido.

Ambas se desempeñaban junto a otras dos mujeres como manipuladoras de alimentos en el casino de Carabineros y dejaron de trabajar en julio de 2012, debido a que la institución terminó el contrato con la concesionaria Alexia Azocar.

Dos de ellas entablaron acciones judiciales, asegurando que están decididas a llegar hasta las últimas consecuencias si es que no se les cancelan los más de 5 millones de pesos que, aseguran, se les debe.

Marta Silva Muñoz, de 52 años, justificó su demanda pues asegura necesitar más que nadie el dinero ya que hace 2 semanas se le quemó su casa, en un siniestro que en esa oportunidad afectó a 4 viviendas, precisando además que consideran insostenible que aún no les cancelen.

Mientras que la otra demandante, Roxana Miranda de 39 años, hizo alusión además a un cheque que no ha querido ser entregado por la institución a la concesionaria.

En diciembre de 2012, el abogado defensor de la Corporación de Asistencia Judicial, Ricardo Cárdenas, quien lleva el caso, solicitó al prefecto de Carabineros de Osorno, en ese tiempo Hernán Silva, remitir al Tribunal la suma de 1,5 millón de pesos.

Según el jurista, ese monto corresponde a parte del dinero que se debe y que está retenido por la institución, correspondiente al pago de los servicios prestados por la concesionaria durante los últimos meses de mayo y junio.

El abogado informó además que la institución no ha cumplido la resolución emanada desde el órgano jurisdiccional, indicando que los dineros fueron retenidos por Carabineros en conformidad a lo dispuesto en el artículo 183 letra C del Código del Trabajo.

No obstante, dicho artículo establece expresamente en el inciso tercero que si se efectuara dicha retención, quien lo haga estará obligado a pagar al trabajador o institución previsional acreedora. Así las cosas, Carabineros de Chile no solo se encuentra incumpliendo y pasando por alto una orden judicial, sino también una disposición legal, de acuerdo a lo expresado por el jurista en la solicitud emanada a tribunales.

Al respecto, se refirió el nuevo prefecto de Carabineros, Gustavo Harcha -quien llegó al cargo en enero de este año-, el que sostuvo que se están realizando los trámites necesarios para cancelar los sueldos, como así también las investigaciones necesarios para determinar las responsabilidades en algo que ocurrió cuando él no estaba a cargo.

Por su parte, las mujeres afectadas dijeron que dicha respuesta la vienen escuchando desde hace meses y que esperan que de una vez por todas se termine tanta burocracia.