La Contraloría General de La República publicó este viernes el esperado dictamen respecto a la denuncia que realizó la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos en contra del director Julio Pereira, por la contratación de un familiar del cuestionado funcionario en Valparaíso.

Recordemos que la polémica surgió luego que un concuñado del director de Impuestos Internos, Julio Pereira, fuera contratado por la dirección regional de Valparaíso de ese servicio según datos recogidos por Radio Bío Bío, sin concurso público y sin exigírsele los requisitos que de ordinario requiere el SII en los certámenes públicos para proveer cargos de abogados.

Se trata de Felipe Antonio Wiegand Restrepo, abogado de la Universidad del Desarrollo, quien fue vinculado en la modalidad a contrata el 2 de noviembre del año 2011 hasta el 31 de diciembre de ese año para desempeñarse como abogado resolutor, percibiendo una remuneración mensual de $1.955.357, con una asignación especial y sin horas extraordinarias.

El contrato le fue extendido posteriormente hasta el 31 de diciembre del 2012, con un reajuste del 10 por ciento en su sueldo, que se incrementó a $2.152.587, manteniendo una asignación, pero agregando derecho al pago de horas extraordinarias.

Felipe Wiegand es hermano de Claudia Wiegand Restrepo, quien está casada con Francisco Pereira Gandarillas, hermano del director de Impuestos Internos.

Por lo anterior, dirigentes de la Asociación de Fiscalizadores de ese servicio, acudieron hasta la Contraloría General de la República para que se pronunciara respecto a esta presunta irregularidad.

No obstante, el organismo contralor estimó que su nombramiento “se ajustaría a derecho”, debido que tras requerir un informe al SII, esta última entidad señaló que “Wiegand Restrepo fue contratado a partir del 2 de noviembre de 2011, para cumplir funciones en el Departamento Jurídico de la Dirección Regional Valparaíso, en el marco de las facultades que se confieren a la autoridad administrativa para efectuar designaciones a contrata”.

En ese sentido, Contraloría estableció que “los empleos a contrata tienen una calidad esencialmente transitoria y no se relacionan con la planta ni con la estructura orgánica del Servicio, lo que significa que las condiciones del respectivo contrato compete determinarlas a la autoridad administrativa dentro de la esfera de sus atribuciones, ponderando al efecto las necesidades del Servicio, sin que corresponda a este Ente Fiscalizador evaluar las razones que tuvo en cuenta para disponer la referida contratación, ni pronunciarse acerca de su conveniencia u oportunidad”.

Según se agrega, la figura de la contrata permite a la autoridad administrativa incorporar directamente al personal, prescindiendo de convocar a un concurso público, por lo que no corresponde a Contraloría “cuestionar la ausencia de su llamado en la contratación del señor Wiegand Restrepo, como tampoco la exigencia de los requisitos que el SII normalmente demanda de los profesionales abogados cuando su incorporación se produce mediante certamen público”.

Respecto a la relación familiar de Julio Pereira con Felipe Wiegand, el ente contralor señala que la ley impide ingresar a cargos públicos a las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que no se configura en este caso.

Por último, y ante la acusación contra Pereira de intervenir en dicha contratación, se indica que según de determinó, el arribo del abogado al Departamento Jurídico del SII en Valparaíso, fue dispuesta por el Subdirector de Recursos Humanos y no por el cuestionado director.

“No se advierte irregularidad en la designación a contrata de don Felipe Wiegand Restrepo”, finaliza el dictamen firmado por el Contralor General Ramiro Mendoza.